El grupo de IU en Rivas ha reconocido "errores políticos" en la concesión de algunos contratos municipales y ha accedido a pedir responsabilidades políticas a la excandidata de IU en la Comunidad, Tania Sánchez; el exalcalde, José Masa y el concejal de Deportes, Raúl Sánchez.

Ese es parte del preacuerdo al que han llegado este martes los grupos municipales en una reunión de trabajo de la comisión de investigación, han señalado los grupos de la oposición en declaraciones.

Esta comisión investiga los contratos adjudicados a la cooperativa Aúpa -administrada por el hermano de la exconcejal Tania Sánchez e hijo del concejal de Deportes Raúl Sánchez-, que entre 2002 y 2008 recibió contratos por cerca de 1,2 millones.

Desde el PSOE y el PP han destacado que en la próxima reunión van a pedir que las responsabilidades se amplíen y que señalen también al actual alcalde, Pedro del Cura, como exconcejal responsable del área de Cultura.

El presidente de la comisión y concejal de Ciudadanos de Rivas (CDR), José Carlos Querencias, ha indicado que todos los grupos han coincidido en que hubo errores políticos en la concesión de contratos a Aúpa y en materia de servicios municipales de tenis.

Los portavoces han señalado como responsables, en ambos casos, a Raúl y Tania Sánchez y al exalcalde José Masa, contra quienes se exigirían las responsabilidades políticas pertinentes, si no se modifica este preacuerdo.

No obstante, las conclusiones finales se fijarán en la mesa de trabajo que se celebrará el próximo viernes y se debatirán en la última reunión de la comisión de investigación, que se mantendrá a puertas abiertas, probablemente la semana que viene, ha concretado el presidente de la comisión.

Posteriormente, el dictamen adoptado se llevará a la Junta de Portavoces y, en último lugar, se debatirá en un Pleno municipal que, según se ha considerado, podría ser de carácter extraordinario.

El borrador adoptado hasta el momento se ha alcanzado por consenso de todos los grupos, aunque después cada formación hará su propia "valoración política", ha expresado Querencias.

En lo que sí han estado de acuerdo todos los grupos es en que el procedimiento de las adjudicaciones fueron legales, aunque hubo "errores políticos que, lógicamente, deben tener responsabilidades políticas", según ha explicado Querencias.

Por otro lado, los portavoces han acordado que la posible responsabilidad de los funcionarios involucrados no sea objeto de las conclusiones finales, al entender que este órgano es político y que las medidas sobre los trabajadores del Ayuntamiento se deben tomar en procedimientos internos de la administración.