El vicepresidente y conselleiro de Presidencia de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido este miércoles que es necesario regular "cuanto antes" la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan reclamar al Estado responsabilidades si son sancionadas por la Unión Europea por incumplir el derecho comunitario al aplicar normativas que no son de su competencia sino del Estado, lo que se conoce como la "responsabilidad ascendente".

"Es muy importante, porque puede tener muchas repercusiones para las comunidades autónomas", ha asegurado Rueda durante su intervención en la mesa redonda 'Estado y Comunidades Autónomas. Repercusiones por incumplimiento del Derecho Comunitario' del 'IV Foro de las Autonomías' que acoge este miércoles el Senado.

La ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada en 2012 reguló la obligación de las administraciones públicas españolas de asumir sus responsabilidades cuando incumplan los compromisos asumidos por España de acuerdo con la normativa europea. Esta norma liberaba al Estado de asumir y responder de los compromisos de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales.

Posteriormente, el Gobierno desarrolló en 2013 a través de un real decreto el procedimiento para determinar la asunción de esas responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea. En él se especifica que si el Estado es sancionado por el incumplimiento que haga una Comunidad, será ésta la que "asumirá subsidiariamente la responsabilidad que se derive de tal incumplimiento".

Para Rueda, es positivo que se haya regulado "por fin" de forma descendente —del Estado a las Comunidades— el procedimiento para exigir responsabilidades, pero ha reclamado que de igual modo "tiene que regularse cuanto antes de forma ascendente".

"Las comunidades somos las primeras interesadas en que se cumpla el derecho comunitario y en que se exijan responsabilidades a aquel que incumple. Entendemos que estar en Europa es una cosa muy seria y por eso aplaudimos que se regule que pasa cuando se produce un incumplimiento", ha señalado, para insistir en que, una vez que se ha regulado de forma descendente, toca hacerlo ahora a la inversa.

En esta línea, ha argumentado que las Comunidades debería poder reclamar al Estado que asuma las sanciones que puedan imponérseles cuando éstas correspondan a la aplicación de normas estatales que no son de su competencia. "Deberíamos tener la capacidad de reclamarle esa responsabilidad al Estado si es por una actuación del Estado. Si sufrimos las consecuencias, ahora no tenemos derecho", ha lamentado.

"¿Por qué no regular la responsabilidad ascendente? Dejo esto encima de la mesa como una reivindicación. Supongo que prácticamente todas las Comunidades Autónomas estaremos de acuerdo en exigirle responsabilidades del Estado igual que este nos exige a nosotros con normalidad jurídica", ha apostillado.

El vicepresidente gallego también se ha referido durante su intervención a otros aspectos "mejorable" de esta normativa, como es el hecho de que ahora las Comunidades no puedan recurrir directamente las sanciones, y tenga que ser el Estado el que tenga la última palabra al respecto.

"Entendemos que igual que el Estado articula otros cauces cuando hay controversia jurídica con las Comunidades, también podrían aplicarse aquí", ha añadido, tras poner de manifiesto la necesidad de que las Autonomías tengan una "participación más directa" en este procedimiento.

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