Los sindicatos CC OO, UGT, CSI-F y CSIG se han concentrado este viernes ante los rectorados de las universidades españolas para protestar por la aprobación del decreto de ordenación de los estudios universitarios.

Los sindicatos han manifestado su oposición a la nueva norma, que reformará el sistema de titulaciones para permitir que las universidades implanten grados de entre tres y cuatro años (entre 180 y 240 créditos ECTS) en lugar de los cuatro normativos hasta ahora para la mayoría de carreras universitarias.

Sin debate con la comunidad universitaria, sin debate político ni social Según afirman los responsables sindicales en un manifiesto conjunto, la medida "pretende convertir las universidades en empresas de servicios educativos" y "generará nuevas disfunciones" en el sistema universitario al introducir posibilidades como que un mismo título tenga diferente duración y carga lectiva en dos universidades vecinas.

Además, critican que la decisión del Ministerio se ha efectuado "sin evaluar los nuevos grados" (que comenzaron a implantarse en 2007 en el marco del Plan Bolonia) y "sin debate con la comunidad universitaria, sin debate político ni social, sin una evaluación de la implantación de la última modificación legislativa y sin una justificación creíble de sus propuestas".

"Ni el Sindicato de Estudiantes ni la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, ni los sindicatos de enseñanza, ni el Consejo de Estado están de acuerdo con la reforma", ha asegurado el responsable de Enseñanza Universitaria de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE-UGT), Ramón Sans.

A su juicio, la nueva norma se enmarca dentro de un plan de reforma del sistema universitario en el que se incluye la reforma (mediante Real Decreto Ley en 2012) de la Ley Orgánica de Universidades para permitir a las CC AA subir las tasas académicas de los estudios, la modificación de las condiciones de acceso a las becas y el sistema de concesión y las cuantías de las mismas, y la modificación del sistema de acceso de los alumnos como consecuencia de la LOMCE.

Junto con estas y con el nuevo decreto, Educación prepara otras dos medidas para modificar el sistema de acreditación de méritos de los profesores universitarios para acceder a las plazas y las condiciones para crear nuevos centros universitarios, según han recordado.

Los estudiantes anuncian que irán a la huelga

El Sindicato de Estudiantes ha anunciado movilizaciones y la convocatoria de una "gran huelga" de 48 horas si el Gobierno aprueba el decreto. "Si se atreven a aprobar esto, que sepa el ministro Wert que nos va a tener enfrente, que la juventud se va a levantar", ha advertido la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García.

Este sindicato ha avanzado que, de salir adelante esta reforma, los estudiantes saldrán a la calle y habrá "una gran huelga de enseñanzas medias y universidad" para decirle al PP que no "les vamos a dejar que en los cuatro días que le quedan al frente del Gobierno acaben con la educación pública y el derecho al estudio para los hijos de los trabajadores".

Para el Sindicato de Estudiantes, esta reforma devalúa el título universitario, "que se va a convertir en papel mojado en el mercado laboral". Además, García ha alertado de que quien quiera tener un título válido en el mercado laboral tendrá que hacer frente al pago de dos años de máster. "Entre grado y máster son 20.000 euros y todos sabemos que la inmensa mayoría de las familias y jóvenes no podemos hacer frente a este coste", ha subrayado.

"Lo que encierra este real decreto es acabar con la universidad para las familias normales y echar de la universidad a las personas con menos recursos", ha lamentado García, quien ha advertido de que, como consecuencia de esto, habrá "miles de despidos de profesores".

Contribuye "a financiar la universidad privada"

En rueda de prensa frente al Ministerio de Educación, el secretario general de la Enseñanza de CC OO, Francisco García, ha denunciado este ataque a la universidad pública que se suma al recorte de financiación del 24% y a la desaparición de 8.500 puestos de trabajo.

"Cuanto menos pone el Gobierno, más ponen las familias", ha lamentado García, quien ha denunciado que este real decreto es una decisión "muy dura" que favorece sólo a la universidad privada. En el mismo sentido se ha pronunciado Antonio Castro, representante de la Marea Verde, que cree que la reforma que prevé aprobar el Gobierno es "una forma indirecta de contribuir a la financiación de la universidad privada".

También desde la Asamblea Estatal de Representantes de Estudiantes (AERE), Gonzalo Elbert, ha denunciado que con esta reforma, las familias pagarán cuatro veces más para recibir la misma educación y ha lamentado que este tipo de medidas se tomen "de espaldas" a la comunidad educativa.