La Fundación CajaCanarias y las delegaciones de Cruz Roja de Tenerife, La Gomera y El Hierro han renovado sus convenios para cubrir diferentes prestaciones a aquellas familias que carecen de recursos económicos.

El acuerdo abarca las necesidades de la población infantil en lo relativo a materiales necesarios para un adecuado desarrollo escolar y una Unidad Móvil de Emergencia Social (UES) para dar cobertura a personas que no cuentan con recursos para cubrir sus necesidades alimenticias.

El objetivo de la colaboración es contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas y/o familias en situación de extrema vulnerabilidad social; atenuar la precarización de las condiciones de vida que presentan las personas vulnerables, y favorecer el acceso a la educación en igualdad de condiciones de los niños pertenecientes a familias vulnerables.

Fruto del acuerdo se atenderá a unos 50 usuarios de la UES, así como 125 niños y niñas de familias que cuentan con escasos o nulos medios de vida y que carecen de recursos económicos.

El hierro y la gomera

En relación a la acción social que Cruz Roja desplegará en la isla de El Hierro merced al convenio, se pretende apoyar a las personas que por efecto de la crisis se encuentran en situaciones extremas de vulnerabilidad, cubriendo ayudas de primera necesidad.

Este proyecto atenderá a unos 60 usuarios de familias que cuentan con escasos o nulos medios de vida y que carecen de recursos económicos. La media de permanencia en el proyecto variará en función de cada participante y de su situación personal y laboral.

En La Gomera se pretende paliar las carencias de la población infantil en lo relativo a materiales necesarios para un adecuado desarrollo escolar. Además, se valorarán necesidades específicas, como gafas o material ortopédico, de los menores que lo necesiten.

Por otro lado, se apoyará a las personas que, por efecto de la crisis, se encuentran en situaciones extremas de vulnerabilidad. Se cubrirán necesidades básicas de higiene, de alimentación infantil, de ropa, de adquisición de productos farmacéuticos y de los gastos derivados de la vivienda si se ven abocados a situaciones de riesgo de exclusión residencial.