El proceso de regularización de inmigrantes en España se desarrolla a un ritmo veloz. Desde que finalizó el proceso extraordinario de obtención de permisos del año 2005 (que regularizó a 573.270 personas), se han concedido otras 609.020 tarjetas.

Un dato que demuestra este imparable fenómeno: en 2006 se concedieron 282.876 tarjetas de residencia y sólo en el primer trimestre de 2007 ya van otras 214.935 (lo que supone 2.388 diarias).

Reagrupación

Muchos de los casos de obtención de permisos se producen por reagrupación familiar. De los 282.876 inmigrantes que los obtuvieron en 2006, un total de 97.759 los consiguieron gracias a esta medida que pretende impulsar el arraigo familiar.

La cifra de los beneficiados por la reagrupación ha crecido año tras año. Gracias a esta norma, en 2003 obtuvieron la residencia 33.814 personas. En 2004, 71.532 y en 2005, 74.919. Así, si sumamos las concesiones a lo largo de los últimos siete años, el resultado es de 276.676.

La ley establece que el extranjero con contrato de trabajo que haya residido en España durante un año y haya logrado una autorización de residencia, para al menos otro año más, podrá reagrupar a su cónyuge, hijos menores de 18 años y ascendientes que estén a su cargo.

Por países

Los que más utilizan la reagrupación son los marroquíes (los más numerosos, con 520.683 personas): 79.382 en los últimos tres años.

Los segundos en número, los ecuatorianos (363.245), han reagrupado a 37.033 familiares entre 2004 y 2006.

Estamos ante un nuevo proceso migratorio familiar. Al ritmo de 2.388 permisos diarios, el 2007 finalizará con 859.740 nuevos inmigrantes, quienes a su vez podrán reagrupar a sus allegados.

- Una patera con 15 inmigrantes en buen estado de salud, entre ellos tres menores, llegó ayer a Motril (Granada).

Más de tres millones legalizados

El 31 de marzo de 2007 había un total de 3.236.743 inmigrantes con papeles, según datos del Ministerio de Trabajo.

Por Comunidades se repartirían de la siguiente manera, por orden de mayor a menor: Cataluña se sitúa en primer lugar con 673.269 inmigrantes; Madrid, con 628.850; la Comunidad Valenciana cuenta con 425.196; Andalucía, 401.632; Canarias, 178.109; Murcia, 172.502; Baleares, 136.127; Castilla-La Mancha, 114.804; Castilla y León, 110.400; Aragón, 97.020; País Vasco, 68.376; Galicia, 64.634; Navarra, 44.905; La Rioja, 29.934; Extremadura, 27.145; Asturias, 26.596; Cantabria, 20.182; Melilla, 5.600 y Ceuta con 3.468.

Resistencia en terreno de nadie

Los 23 inmigrantes del Marine I que se negaron el pasado marzo a ser reapatridos se encuentran en un "limbo jurídico". A pesar de que sus vidas corren peligro, no quieren volver a su país. Estos 23 inmigrantes musulmanes e indios proceden de Cachemira y se niegan a regresar por considerar que su seguridad corre peligro.

Sin embargo, sus 346 compañeros que desembarcaron con ellos el pasado febrero en Mauritania sí se acogieron a la repatriación.

Desde entonces, estos 23 héroes resisten retenidos en Nuadibú, un antiguo hangar de pescado de 25 m2 custodiados por la Policía española, "en terreno de nadie, en condiciones inhumanas y degradantes, y bajo presiones", denuncia el presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Ignacio Díaz de Aguilar.

A su juicio, España "está escribiendo una página negra en la historia de los derechos humanos" porque "ha creado un espacio fuera de control y de la legalidad".

¿Por qué debe hacerse cargo España y no otro Estado europeo? "Nuestro país está obligado por varios convenios internacionales de salvamento en esa parte del Atlántico a prestarles asistencia sanitaria y a llevarles a un lugar seguro", explican a 20 minutos en Médicos sin Fronteras.

Así, el Gobierno español tiene dos alternativas: aceptar las peticiones de asilo de estas personas o presentar cargos contra ellas, "pero no mantenerlas detenidas", afirma el presidente de CEAR.

Además, la situación física y mental de estos 23 inmigrantes es muy mala y ya se han diagnosticado "siete casos de depresión grave, seis de ansiedad y cuadros disociativos, cuatro con delirios de suicidio y otros seis con agitación grave y riesgo psicótico" , afirma el psiquiatra de Médicos del Mundo Pau Pérez. "Si alguno fallece, la culpa recaerá en el Gobierno español", advierte Díaz de Aguilar.