Tráfico en Barcelona
Tráfico en Barcelona. GUIDO MANUILO / EFE
La entrada en vigor del carnet por puntos no ha conseguido reducir la cifra de muertos al volante: el Gobierno, consciente que uno de los principales factores de la situación es la tardanza en aplicarse las sanciones, propuso este miércoles una reforma penal en materia de seguridad vial apoyada por el Fiscal especial de Seguridad Vial.

La propuesta del Ejecutivo contempla no sólo acelerar la tramitación de las sanciones derivadas del incumplimiento del Código Vial, sino también un considerable endurecimiento de las penas, no ya en lo económico, sino también tramitando las sanciones por vía penal, es decir, con penas de cárcel.

El carnet por puntos sólo no funciona

Una tramitación exprés permitirá que el proyecto esté en marcha este verano
De esta forma, si la propuesta entra en vigor pronto -el ministro de Justicia auguró que podría ser este mismo verano- ir a más de 100 kilómetros por hora en el casco urbano, donde la velocidad máxima es de 50 kilómetros por hora, o superar los 1,2 gramos de alcohol en sangre podría acarrear para el infractor penas de hasta medio año de cárcel.

La tramitación de esta propuesta no será la habitual: se pretende que entre en vigor para los enormes desplazamientos estivales de cara a impedir que se repitan las trágicas cifras de muertes en carretera.

En esta misma línea se ha manifestado este jueves el Fiscal especial de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ya que apuesta por endurecer las penas que rigen en la actualidad y que las infracciones graves conlleven penas de cárcel para los infractores.

El Fiscal reclama penas de cárcel

Vargas dijo que los fiscales competentes aspiran a ser "un referente" para los ciudadanos y que éstos sepan que "van a hacer todo lo posible" para que disminuya el número de heridos y muertos en carretera".

Las fuerzas de seguridad y los fiscales se comprometen en una aplicación "inmediata y eficaz" de las leyes para que los conductores sepan que vulnerarlas en las carreteras supondrá la aplicación de sanciones "penales" y no sólo civiles o administrativas, y confió en que esa certeza conlleve que se frenen "los impulsos contrarios a las normas y se entre en una dinámica de respeto a la ley".

La decisión del Ministerio Fiscal, confió, actuará como un "disuasorio eficaz" para los conductores, que sabrán y "percibirán" que el sistema funciona.