Una reciente publicación de la Junta General del Principado de Asturias, el octavo volumen de la serie de artículos sobre derecho, política, constitucionalismo y sociedad 'Fundamentos', critica duramente en uno de sus artículos los supuestos privilegios de los que gozan los políticos, así como la falta de democracia interna y el sistema de financiación de los partidos.

Se trata concretamente del artículo 'Partidos políticos y movimientos ciudadanos en la sociedad del riesgo y la desconfianza', firmado por el profesor de la Universidad de Oviedo Miguel Ángel Presno Linera, precisamente el coordinador de la publicación. Fue él, de hecho, quien presidió el acto de presentación pública del volumen junto con el presidente de la cámara, Pedro Sanjurjo, el pasado 18 de diciembre.

En su artículo, Linera da un repaso a las posibles causas que han incidido en la creciente desconfianza de los ciudadanos hacia la política en general, los partidos políticos en particular y el actual sistema de representación.

La "casta"

Con alguna de ellas, como la de la creciente "convicción social de que los representantes políticos disfrutan de un estatuto privilegiado comparado con el resto de ciudadano", explica incluso el surgimiento del término: "la casta", "donde se conjuga, aunque en términos populares y no académicos, la ya mencionada visión crítica del funcionamiento jerarquizado de los partidos".

Como ejemplos, se refiere a las "siempre abiertas puertas giratorias entre los cargos públicos; las idas y vueltas de representantes políticos a la empresa privada y los casos de conflictos de intereses; el elevado número de cargos de confianza, el aforamiento de los parlamentarios, así como la necesidad de que los parlamentos concedan suplicatorios para que sus diputados puedan ser procesados".

Se refiere también a la organización interna de los partidos, y critica que predomine "de modo abrumador la práctica de congresos dirigidos a ratificar decisiones ya tomadas por los aparatos de las formaciones". Se organizan "desde arriba hacia abajo", y los procesos de rendición de cuentas o renovación de dirigentes se demoran en el tiempo y no se caracterizan por ofrecer la debida información ni a los militantes ni, en general, a la sociedad". Lamenta además que en los congresos predominen las fórmulas de elección "indirectas" de los representantes de cada fuerza política.

Linares es contundente también con el sistema de financiación de las fuerzas políticas, puesto que en España "se ha despreciado una progresiva equiparación entre la financiación pública y la privada". Compara el caso de España, donde la financiación pública de las fuerzas suele ser del 80% o el 90% con el de Alemania, donde por ley no supera el 50%. "Los partidos han conseguido que los ingresos procedentes de los grupos parlamentarios y municipales se integren en su caja, y sobre los mismos existe libertad de disposición por parte de la entidad", señala también. Se refiere igualmente a la condonación de la deuda a diversos partidos por parte de entidades bancarias, y al incumplimiento de las obligaciones de control económico.

Para el coordinador de la publicación, el sistema electoral español "es un caso paradigmático en derecho comparado de cómo se puede influir en el sistema de partidos reduciendo el número de formaciones, beneficiando a los grandes partidos y aumentando la probabilidad de que se produzcan cómodas victorias electorales de la formación mayoritaria". Menciona el ejemplo de las últimas elecciones generales, cuando "el PP obtuvo el 44,62% de los votos pero el 53% de los escaños en el Congreso".

Reforma de la constitución

Incide también en la "falta de procesos deliberativos" en la gestión política, y pone como ejemplo "el uso desmedido del decreto ley" por parte del partido de gobierno, así como la modificación del artículo 135 de la Constitución, pactada entre PP y PSOE en 2011 para establecer el techo de gasto público: "Lo llamativo no es ya que entre la fecha de la entrada de la proposición en el Congreso de los Diputados y la aprobación y publicación transcurriera un mes, sino que la tramitación parlamentaria en sentido estricto duró 9 días: el 30 de agosto el Congreso acordó tomar en consideración la Proposición de Reforma, así como su tramitación directa y en lectura única". "Las Cortes Generales dedicaron seis horas y diez minutos a debatir en sus plenos la segunda reforma de la Constitución en 33 años", añade.

Todos estos aspectos explican, a juicio de Linares, el surgimiento de movimientos sociales como el 15M, así como plataformas vinculadas, tales como la de Afectados por las Hipotecas o Stop Deshaucios. En su opinión, los partidos tradicionales deben asumir que "han dejado de ser el único ámbito en el que se decide la transformación del futuro social, y que los movimientos sociales son un instrumento válido para contribuir a la dinamización de la democracia".