El TSJCV remite al fiscal las querellas de Fiscalía Anticorrupción por Valmor y la de Compromís por los presupuestos

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha acordado este lunes en sendas resoluciones la remisión al fiscal de la querella presentada la Fiscalía Anticorrupción en relación con Valmor y la Fórmula 1, así como de la denuncia presentada por Compromís por la aprobación de los presupuestos de la Generalitat a fin de que en el plazo establecido se pronuncie sobre la admisión a trámite de las mismas.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha acordado este lunes en sendas resoluciones la remisión al fiscal de la querella presentada la Fiscalía Anticorrupción en relación con Valmor y la Fórmula 1, así como de la denuncia presentada por Compromís por la aprobación de los presupuestos de la Generalitat a fin de que en el plazo establecido se pronuncie sobre la admisión a trámite de las mismas.

En las providencias se otorga un plazo de cinco días para contestar en relación a estas cuestiones y se da también un plazo de tres días para interponer un recurso de súplica.

El pasado 18 de diciembre la Fiscalía Anticorrupción de Valencia se ha querellado contra el expresidente de la Generalitat Valenciana y diputado en las Corts Francisco Camps, contra la exconsellera, ex secretaria autonómica de comunicación del Consell y exdirectora de Televisión Valenciana, Lola Jonhson, y el expiloto Jorge Martínez Aspar por presunta malversación, prevaricación y delito societario en la compra de la empresa Valmor Sports por parte del Consell en diciembre de 2011 para poder seguir celebrando el Gran Premio de Europa de Fórmula 1.

Precisamente, el 18 de diciembre el grupo parlamentario Compromís en las Corts presentó una denuncia en la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV contra los miembros del Consell, ampliable a los diputados que voten a favor de los presupuestos de la Generalitat, por posible prevaricación y malversación por presupuestar para 2015 un total de 1.230 millones de ingresos sin cobertura legal.

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