El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo González Soler, aprecia delitos en la contabilidad de los principales partidos políticos españoles relativa al ejercicio 2012, según publica este lunes el diario El País.

Según esa información, el escrito del fiscal jefe está realizado a partir del informe de fiscalización del propio tribunal sobre las cuentas de los partidos del año 2012, el último que ha publicado.

El fiscal señala posibles infracciones penales en las cuentas de CDC, UDC, PP, PSOE, Eusko Alkartasuna y el PNV.

En un comunicado difundido este lunes, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha aclarado que el informe en el que aprecia indicios de delito en la contabilidad del año 2012 de los principales partidos es un documento interno de trabajo con consideraciones que tienen "carácter preliminar". La Fiscalía del órgano fiscalizador subraya que no ha adoptado ninguna "decisión definitiva".

En el caso del PP, apunta la posible comisión de varios delitos tributarios, con cuentas por importe de 1,3 millones de euros que no fueron declaradas al fisco, la aceptación de una donación de una empresa receptora de contratos públicos o la negativa a aportar al tribunal 34 contratos con empresas que le han prestado servicios.

Respecto al PSOE, aprecia delitos en sus relaciones con las fundaciones Pablo Iglesias e Ideas para el Progreso al concederles préstamos por valor de 4,4 millones de euros a pesar de la imposible devolución de ese dinero debida a sus valores patrimoniales negativos.

En cuanto a CDC, detecta ingresos de 1,7 millones de euros que en principio no se corresponden con los servicios efectivamente prestados a CiU, a sus grupos institucionales o a las fundaciones CatDem y Forum Barcelona.

Sobre UDC, señala la condonación de una deuda de 9,5 millones de euros por Kutxabank y que el partido contempla como deuda los 402.106 euros que costó la sede en Girona, cuando sólo le quedan por pagar 14.016 euros.

De las cuentas del PNV el fiscal jefe considera delictivo que no declarara ni registrara unos ingresos de 4,9 millones por la permuta de una finca.

Asimismo le reprocha la posesión de "una maraña de sociedades mercantiles" de cuyas operaciones "puede derivarse un flujo revelador de financiación ilícita".

Por último, en cuanto a EA, indica que en sus cuentas no figuran todos los ingresos y gastos.