El pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha descartado crear una comisión de investigación que "aclare con todo detalle" si hay empresas concesionarias que se han beneficiado en la contratación del Consistorio después de presuntamente haber podido financiar ilegalmente la campaña del Partido Popular en las elecciones municipales de 1999, tal y como ha pedido el Grupo Socialista.

Esta herramienta para "estudiar" estos posibles casos ha sido solicitada por portavoz de la bancada socialista, Enrique Cabero, pero no ha contado con el apoyo del Grupo Popular, quien cuenta con mayoría absoluta y quien ha descartado esta posibilidad.

Según ha señalado el concejal de Fomento, Patrimonio y Contratación, Carlos García Carbayo, la petición es "incomprensible e insólita" puesto que se trataría de crear una comisión "integrada por concejales para investigar a concejales" cuando este caso ya está en manos de la justicia tras la denuncia presentada por el PSOE.

No obstante, García Carbayo ha explicado durante su intervención que el Grupo Socialista pide información sobre "aquello que ya conoce" puesto que algunas de las empresas que aparecen en los papeles de la presunta financiación ilegal, que publicó el diario El País el 15 de diciembre, fueron contratadas por gobiernos socialistas en Salamanca y, en otros casos, con ediles del PSOE en las comisiones de contratación.

El concejal ha insistido en que "no hay sombras en la contratación", "los documentos (publicados) no reflejan las cuentas de la campaña" y "la única contabilidad está auditada por el Tribunal de Cuentas".

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Enrique Cabero, ha remarcado la conveniencia de la comisión para "ver con detalle qué ha ocurrido" ante una situación "especialmente grave" y si esto pudo darse posteriormente en las campañas electorales siguientes.

Enrique Cabero ha subrayado que los tribunales podrán determinar responsabilidades ante la ley pero que esto no descarta que desde el Ayuntamiento se busquen "responsabilidades políticas" y se estudie desde la propia institución qué incidencia ha podido tener en la concesión o mantenimiento de contratos, en el caso de que se haya dado financiación ilegal en el Consistorio. "Debe quedar muy claro"; ha apostillado.