La sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha ratificado el archivo de la causa abierta por presuntas irregularidades en la gestión de la corrida de toros de la Beneficencia entre los años 2010 y 2011, según ha informado la Diputación en un comunicado.

De esta forma, el tribunal ha desestimado el recurso interpuesto por Fiscalía contra el sobreseimiento provisional decretado por el juzgado de Instrucción número 4 de Castellón en relación con este asunto, en el que se investigaba un presunto delito de prevaricación cometido supuestamente por el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y el que fuera vicepresidente de la corporación, Francisco Martínez.

Según el tribunal, la documentación aportada al proceso "corrobora que se trataba de una simple oferta de entradas para colaborar en un evento benéfico, de la que hacían uso los Ayuntamientos de modo libre y voluntario". Por otra parte, indica que "hay que tener en cuenta que las entradas son títulos con un valor pecuniario previamente establecido, por lo que por si mismas permiten liquidar el crédito existente. Ninguna ilicitud penal se puede apreciar en ello", sostiene.

La Diputación estima que con la resolución se "deslegitima el intento del alcalde de Vila-real, el socialista José Benlloch, y de Francesc Colomer de judicializar como prevaricación y malversación de caudales públicos lo que es un procedimiento administrativo reglado", ya que, según dicta el auto judicial, "la finalidad de los festejos era recaudar fondos a favor de personas desfavorecidas, sin que nadie se haya lucrado ilícitamente, antes bien obra en la causa que el dinero recaudado fue entregado a asociaciones benéficas".

El portavoz de la Diputación de Castellón, Miguel Barrachina, ha indicado tras conocer esta resolución que los funcionarios —imputados inicialmente— "llevan esperando seis meses las disculpas de Colomer y del PSOE por llevarles al juzgado para que les condenasen por la Corrida de la Beneficencia".

Barrachina ha lamentado nuevamente "el continuo intento, tanto de Francesc Colomer como de José Benlloch, de judicializar la vida política". "Lo único que han conseguido —ha criticado— es malgastar el dinero de los ciudadanos y poner bajo sospecha a funcionarios de la Diputación de Castellón que han realizado una labor intachable, como ha determinado la justicia, por segunda vez".