El Gobierno Vasco ha vuelto a pedir hoy la derogación o la "modificación sustancial" de la Ley de Partidos, una norma que, con "la doctrina de la infiltración y la contaminación, no ha tocado techo, y tal vez eso sea lo más preocupante".

La declaración institucional sobre la anulación de listas electorales, que fue aprobada ayer por el Consejo de Gobierno, fue leída hoy por el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga.

En el texto, el Gobierno Vasco se pregunta "qué democracia se puede permitir el lujo de que se arroje un haz de sombra sobre la igualdad de toda la ciudadanía en el disfrute de los derechos fundamentales".

En el documento, referido casi en su integridad a la Ley de Partidos, el Gobierno Vasco considera que ésta ha puesto sobre la mesa sus "nefastas consecuencias" con la anulación de listas, con lo que "queda en entredicho el pluralismo político, en la medida en que se priva de voz y presencia en las urnas a todo un cuerpo social que está, al parecer, irremisiblemente contaminado".

La Ley de partidos "criminaliza el diálogo"

A juicio del Gobierno Vasco, la Ley de Partidos es un instrumento que "todavía no ha agotado todo su potencial" y "nadie sabe dónde están los límites ciertos y previsibles" de la misma.

"Si la declaración de ilegalidad de un partido suponía ya un primer salto, al considerar que todo un colectivo tenía vinculación con organizaciones terroristas -añade- ahora estamos, con la doctrina de la infiltración y la contaminación, ante un segundo salto a organizaciones no ilegalizadas que, sin saberlo, son instrumentos del terrorismo".

Para el Ejecutivo de Ibarretxe esta legislación "criminaliza el diálogo y envenena el clima político, por dar la facultad al Poder Judicial de actuar en el terreno de la disputa política".

Insiste en el "trasfondo político y el interés partidista" en la aplicación de la Ley de Partidos como, a su juicio, lo demuestra que los partidos que la impulsaron y aprobaron "mantengan interpretaciones radicalmente diferentes de hasta dónde debe llegar su aplicación".

"Los ciudadanos son quienes deben elegir"

Critica el "procedimiento sumarísimo" para aplicar "castigos penales" a ciudadanos individuales, aunque no se trate de una ley penal.

"Con una doctrina que convierte a miles de ciudadanos en sospechosos, la seguridad jurídica y la división de poderes quedan pulverizados".

El Gobierno Vasco también considera que la Ley de Partidos supone un "fraude a las garantías del Estado de derecho" y eleva "la mera ´simpatía política´ a categoría jurídica general, sobre la que establecer una relación de causa-efecto con organizaciones terroristas con consecuencias materialmente punitivas".

El Gobierno de Vitoria sostiene que no se puede argumentar que es un instrumento en la lucha contra el terrorismo, porque esta tarea "no puede tener atajos que desborden peligrosamente el respeto de los derechos humanos y de las libertades civiles y políticas de todas las personas, sin distinciones y sin excepciones".

Por último, considera que son los ciudadanos, "y no el Estado, el Gobierno o cualquier órgano del Poder Judicial, quienes deben decidir en libertad quién merece su voto".