La Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra, así como varios fiscales y jueces han llevado a cabo este miércoles tres operaciones distintas contra la corrupción en varios puntos de Cataluña. Por ahora, hay siete detenidos, más de una veintena de imputados y un agujero de 56 millones de euros en tres empresas. También está afectado el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona), cuyo exalcalde dimitió ya desde prisión hace unos meses.

El registro en la exportadora de cítricos Agrofruit y en su empresa asociada Ebrefruit ha acabado tras cinco horas y se ha saldado con cuatro detenidos, cuya identidad se desconoce por ahora aunque habrían formado parte o formarían actualmente parte de la directiva de la empresa, según han confirmado a Efe fuentes de la investigación.

Los Mossos d'Esquadra han registrado durante cinco horas las sedes de las empresas exportadoras de cítricos Agrofruit y de la sociedad vinculada Ebrefruit SAT, en el polígono de Camp-redó (Tortosa), por supuestos delitos económicos. Según estas fuentes, uno o varios de los anteriores gestores de la entidad se habrían apoderado de formato fraudulenta de unos 300.000 euros. Además, el agujero económico ascendería a unos 50 millones de euros.

El registro lo han llevado a cabo, por orden judicial, una veintena de agentes para investigar un presunto delito económico relacionado con el desvío de fondos y falsedad contable. Según estas fuentes, cuando los Mossos han llegado a las instalaciones de Agrofruit, a las 10 de la mañana se han encontrado trabajando allí a Xavier Guarner, ex director general de la sociedad, destituido en julio de 2013, cuando reconoció que el balance contable que había presentado podía no ajustarse a la realidad. Según se había informado desde la empresa, Agrofruit había contratado a un nuevo gerente en su lugar hace unos meses.

La empresa exportadora de cítricos más importante de las Tierras del Ebro, Agrofruit, presentó preconcurso de acreedores ante el Juzgado Mercantil de Tarragona en julio de 2013 y entró finalmente en concurso de acreedores en septiembre de ese año. Ya entonces los máximos responsables de Agrofruit expusieron, a partir de un informe contable elaborado por un economista externo, Francesc Sugranyes, que se habían detectado "una serie de irregularidades contable importantes".

La Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad organizada investiga al Ayuntamiento de Torredembarra en la instrucción de un delito contra la administración pública del juzgado número 1 de El Vendrell (Tarragona), han informado a Efe fuentes judiciales. El fiscal anticorrupción de Madrid, José Grinda, y el de Barcelona, Fernando Bermejo, se han incorporado al caso, que está bajo secreto de sumario y que afecta a gran parte del antiguo equipo de gobierno.

Los grupos municipales del PSC y ERC denunciaron a la Fiscalía de Tarragona varias irregularidades presuntamente cometidas bajo la alcaldía de Daniel Masagué (CiU), entre ellas, el contrato del agua a Sorea y la adjudicación a la empresa Teyco del aparcamiento de Filadors. También denunciaron la contratación de la consultora Efial que, a su juicio, suplía a los servicios técnicos municipales, y el alquiler de dos locales con derecho a compra, uno propiedad de un empresario local y otro, de la quebrada empresa Vicsan.

La investigación dio un vuelco a partir de la denuncia de un extrabajador contra el alcalde Masagué y la concejal Montse Gassull (antes de ERC y ahora del grupo de no adscritos), que derivó en un registro de más de 14 horas en el Ayuntamiento y en la empresa y domicilio del alcalde el pasado 26 de junio. La Guardia Civil detuvo al alcalde, a seis concejales y a un empresario local; Masagué dimitió semanas después desde la cárcel de Brians y Torredembarra se sumió en una grave crisis de gobierno que se zanjó con la elección de Enric Grangel (PSC) como nuevo alcalde.

En todo este caso, el juzgado número 1 de El Vendrell ha imputado, además de al exalcalde y a los concejales, a la interventora municipal, a la jefa de contratación, al ingeniero de obras y al excoordinador de Urbanismo del Ayuntamiento por delitos contra la administración pública, prevaricación, malversación y tráfico de influencias.. También ha imputado a tres empresarios locales —dos de ellos, los dueños de los locales alquilados de forma presuntamente irregular al Ayuntamiento— y al empresario barcelonés que se adjudicó la construcción del aparcamiento Filadors.

La Guardia Civil ha detenido a tres empresarios acusados de desviar casi seis millones de euros procedentes de cinco entidades bancarias a través de facturas falsas emitidas entre 2006 y 2007 por la desaparecida empresa inmobiliaria Cipsa en varias operaciones de compraventa de solares. Según el fiscal, lo hicieron "bien con la connivencia de alguno o algunos responsables de la caja de ahorros asociada a la operación o abusando de la confianza que la entidad de crédito había depositado en Cipsa".

Según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, en la operación, que parte de una querella de la Fiscalía de Delitos Económicos por la que desde hace semanas hay más de una veintena de imputados, han sido detenidos este miércoles dos exresponsables de Cipsa y otro empresario supuestamente implicado en la trama. Las detenciones se han practicado esta mañana en las localidades barcelonesas de Terrassa, Esplugues y Sant Feliu de Codines, donde también se han llevado a cabo tres registros en busca de documentación sobre las operaciones sospechosas, según las mismas fuentes.

La investigación, dirigida por el juzgado de instrucción número 18 de Barcelona, parte de una querella del teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Cataluña, Francisco Bañeres, cuando aún era jefe del área de Delitos Económicos, contra los exresponsables de Cipsa por los delitos de estafa continuada, apropiación indebida, delito fiscal, insolvencia fraudulenta y falsificación de documentos mercantiles.

Cipsa presentó un concurso de acreedores, según recoge la querella, dirigida, entre otros, contra el exdministrador de la inmobiliaria Ventura G., el exsubdirector y exapoderado Clemente A., el exadministrador Alejandro F. y el ex director general Carlos F., a quien el ministerio público sitúa como una persona de "indudable relevancia" en la decisión de adopciones de la mercantil. En la querella, el fiscal pone el foco en la actuación de cinco de las sociedades mixtas creadas por Cipsa con Caixa Terrassa, Caixa Laietana, Caja de Ahorros de Navarra, Caixa de Manlleu y Caja España.