La Guardia Civil ha detenido ya a ocho personas en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona), entre ellas al alcalde, por su presunta relación con el caso Efial. Desde primera hora de la mañana se registran las dependencias municipales en busca de pruebas de presuntas irregularidades en contratos y alquileres. El Juzgado de Instrucción número 1 del Vendrell ha decretado el secreto del sumario.

Además del alcalde, los otros detenidos son los cinco concejales que forman parte de la junta de gobierno municipal, de los que 4 son de CiU, uno del PP y el otro es del Grupo Independent de Torredembarra. También ha sido detenido otro concejal de CiU, que no pertenece a la junta de gobierno, y un empresario. Los detenidos pasarán mañana a disposición judicial en El Vendrell (Tarragona).

Los agentes han pedido a los empleados municipales que dejaran encendidos sus ordenadores y abandonaran el edificio. Buscan pruebas en las áreas de Alcaldía, Intervención y Contratación. Paralelamente, se están registrando dos domicilios —el del alcalde y el de la primera teniente de alcalde, Paquita Folguera (UDC)— y una oficina en Barcelona del constructor detenido.

El alcalde del municipio Daniel Massagué (CiU) ha sido detenido junto a cinco de los siete miembros de la junta de gobierno, formada por CiU, PP e independientes. Se les acusa de delitos contra la administración pública, como blanqueo de capitales, malversación y tráfico de influencias. Algunos ya han sido trasladados a la comisaría para interrogarlos.

Montse Gasull, concejal de ERC, ha admitido ser una de las denunciantes por la "opacidad" del ejecutivo municipal, que presuntamente realizó "adjudicaciones directas muy bien disimuladas y procedimientos que no se han cumplido".

Los republicanos comunicaron a la Fiscalía presuntas irregularidades en la modificación del contrato de agua, pluviales y alcantarillado que, presuntamente, beneficiaban a Sorea. Esta empresa concesionaria pagó unas obras no incluidas en la contrata que habría ejecutado directamente, sin licitación, y ERC denunció por aquel entonces que Sorea pagaba obras y mobiliario urbano en vez de invertir el dinero del suministro de agua en este mismo servicio.

El portavoz socialista, Jordi Solé, ya avanzó a Efe que su partido pediría al juez que cite a todos los concejales del equipo municipal de Torredembarra para que cada "uno diga cuál es su papel en todo este asunto; hay demasiadas cosas extrañas y por aclarar". De hecho, el secretario municipal denunció ante la Oficina Antifraude de la Generalitat la contratación de la consultora Effial por unos 18.000 euros al mes. El juzgado podría investigar varios contratos más por presuntas irregularidades denunciadas por el PSC.

Se da el caso que el Juzgado de Instrucción número 1 de Tortosa ya abrió una investigación a la consultora Efial a raíz, también, de una denuncia ante la Oficina Antifraude de Cataluña por los contratos adjudicados por la empresa municipal de urbanismo de L'Ametlla de Mar (Tarragona). Además, el gerente de esta empresa municipal compatibilizaba su cargo con la presidencia de la consultora Efial, de la que también fue fundador.

El Partido Popular catalán ha anunciado que suspenderá de militancia al concejal de Torredembarra detenido y no descarta que deje sus cargos en el consistorio en función de cómo evolución el caso. Así lo ha anunciado la presidenta del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, quien ha asegurado que el PPC tiene "establecido por reglamento que cuando se produce una imputación, se produce la suspensión del cargo y militancia".

En cualquier caso, la dirigente popular ha mostrado su "respeto" hacia el proceso policial y judicial aunque ha reclamado que la justicia "actúe rápido". También ha pedido que "se asuman las responsabilidades de todos" en este caso, que ha calificado de grave.

La vicepresidenta del Govern, Joana Ortega (CiU), se ha mostrado más prudente en una entrevista en la Cadena Ser y ha mostrado su confianza en que se aclaren "lo antes posible" las presuntas irregularidades. Su partido ha lamentado en un comunicado "la exposición mediática a la que están siendo sometidos los miembros del equipo de gobierno del ayuntamiento durante el registro policial"

"Me preocupa que impera cada vez más esta sensación de la corrupción como si fuese un elemento extendido en el seno de la Administración. No es así", ha esgrimido. Ortega ha recordado que se está trabajando en un código de buenas prácticas y buen gobierno que, entre otros aspectos, tratará de evitar la existencia de "conflictos de intereses que llevan a situaciones más complicadas".

Ortega ha subrayado que todas las administraciones deben ser rigurosas y que, aunque la ley de transparencia facilite el acceso a la información y haga más transparentes los procesos, la clave es que los ayuntamientos y los servidores públicos atiendan a la legalidad y las normas.