Todos los grupos de la Cámara han apoyado este martes una moción de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) en la que se insta a la Xunta a "trasladar de forma oral y escrita" la previsión de entrega de los 15 centros de salud cuyos proyectos fueron "contratados con Cofely" —investigada en la 'Operación Púnica'—, la inversión para cada anualidad y la procedencia de los fondos.

La misma información se demanda en relación a la ampliación del Hospital de O Salnés en una iniciativa derivada de la interpelación que se debatió en el anterior pleno tras denunciar AGE que el Sergas consignó a Cofely 11 millones para mantenimiento y conservación de edificios e instalaciones de centros sanitarios, con inclusión de servicios de redacción de proyectos, entre otras funciones.

Tras defender la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, en la sesión plenaria de la pasada semana la "legalidad" de la adjudicación de este contrato, la parlamentaria de AGE Eva Solla ha incidido en la necesidad de que se aclaren las fechas de entrega de estas infraestructuras, así como las anualidades consignadas para tal fin.

"Sólo información, es una cosa bien sencilla; no queremos más milongas", ha proclamado Solla, con la que ha coincidido la parlamentaria del Grupo Mixto Chelo Martínez, quien ha reprobado que el PPdeG se dedique a "prometer centros de salud y no construirlos".

Además, convencida de que "no se puede dar negocio a los corruptos", Martínez ha defendido una enmienda de su grupo en la que pedía la suspensión cautelar de todos los contratos que la Xunta tenga con Cofely. En la misma línea, Montse Prado (BNG) ha expuesto otra enmienda de su grupo para el arranque inmediato de los ambulatorios comprometidos.

No en vano, Prado ha advertido de que el presupuesto de la Xunta para 2015 "no contempla ni un solo euro para estas infraestructuras", lo que ha considerado "el colmo de la desvergüenza" y ha advertido de que, si no hay recursos presupuestados, el BNG no se cree "nada".

El parlamentario socialista Pachi Vázquez ha coincidido con sus compañeras de la oposición en criticar el modelo de gestión y adjudicación de proyectos de la Xunta, al tiempo que ha instado al PP a dar "un impulso a la claridad en términos políticos" y a apoyar esta iniciativa para poner, entre todos, "luz y taquígrafos", al proceso que defendió la conselleira.

Voto favorable del pp

En su turno de intervención, la diputada popular Marta Rodríguez-Vispo ha anunciado el apoyo del grupo mayoritario a esta iniciativa "en los términos en los que fue presentada". "Como no podría ser de otro modo", ha subrayado, antes de erigir "la transparencia y el buen gobierno" en dos de los pilares de la gestión del Ejecutivo gallego.

"Vivimos en una sociedad crítica y sólo cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se manejan los fondos públicos, sólo entonces, se iniciará un proceso en el que los poderes públicos empiezan a responder a las exigencias de la ciudadanía", ha esgrimido la diputada, quien, al igual que Mosquera en el pasado pleno, ha subrayado que la ejecución de las obras de los centros de salud en cuestión "no corresponden" a Cofely.

Pese a admitir el "acuerdo" de AGE con las iniciativas de BNG y el Grupo Mixto, Solla ha anunciado que no las aceptaría en aras de que la moción fuese apoyada por los populares. En todo caso, ha enfatizado que afirmar que la política del PP está "basada en la transparencia" es "poco menos que un chiste fácil". "Esperemos que la información sea proporcionada", ha subrayado.

Servicios sociales

Por otra parte, los populares han rechazado una moción defendida por la socialista Carmen Gallego que instaba, entre otras cuestiones, a "priorizar la gestión directa" por parte de las administraciones públicas y, en el caso de la gestión indirecta, dar prioridad a las entidades de iniciativa social frente a las empresas privadas.

En un escenario marcado por el caso de la asociación viguesa de San Francisco, Gallego ha defendido que ambas peticiones están amparadas por la ley de servicios sociales aprobada por el anterior gobierno bipartito, punto del que ha discrepado la popular Marta Rodríguez Arias, quien ha sugerido que los socialistas "reniegan" de esa norma y ahora la quieren "retorcer".

Rodríguez Arias ha subrayado que la gestión indirecta como "complementaria" tiene sustento legal, por lo que ha añadido que, para responder a las peticiones socialistas —que sí han respaldado AGE, BNG y el Grupo Mixto— "no habría que aprobar esta moción, sino cambiar la normativa autonómica y estatal".