La Consejería de Justicia e Interior ha creado varios grupos de trabajo, en coordinación con jueces, fiscales y secretarios, para llevar a cabo una optimización de recursos en la Administración judicial de Andalucía y reducir costes, según ha informado este jueves en el Parlamento el consejero del ramo, Emilio de Llera.

Esta iniciativa forma parte, según el consejero, del refuerzo de la política de contención del gasto corriente que lleva a cabo el Gobierno andaluz, con el objetivo de seguir garantizando a la ciudadanía la prestación de los servicios públicos esenciales. "Se trata de reorientar las asignaciones presupuestarias a programas y proyectos prioritarios", ha dicho.

Los grupos de trabajo, formados por profesionales de la Administración de justicia de todas las provincias andaluzas, se van a ocupar de realizar estudios y proponer iniciativas dirigidas a mejorar la gestión de comunicaciones, correos, transporte, limpieza, eficiencia energética o de ahorro de papel, gasto de imprenta y material de oficina. "Todo ello con un criterio invariable: conjugar ahorro y mejora del servicio", ha especificado De Llera en su respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el PSOE.

Una de las medidas para el ahorro de costes, según el consejero, tiene que ver con el uso del burofax como sistema de comunicaciones en la Administración de Justicia, que sólo en los últimos diez meses ha originado un gasto de 890.000 euros en Andalucía.

"Este dato nos plantea la necesidad de introducir criterios racionalizadores, como, por ejemplo, evitar el uso del burofax para hacer citaciones que no son urgentes, algo para lo que está indicado la carta certificada con acuse de recibo que tiene un coste muy inferior", ha añadido el consejero.

Otras de las medidas de ahorro previstas se refieren al uso de papel en blanco en lugar de papel de oficio timbrado a la hora de imprimir sentencias y resoluciones judiciales, o al ahorro energético con la adaptación de los horarios de limpieza de las sedes judiciales.

"De lo que se trata es de posibilitar que el gasto corriente en la Administración de justicia en Andalucía pueda reducirse y, a la vez, atender otras necesidades, mejorando el funcionamiento", ha indicado.