El Tribunal de Cuentas de España ha iniciado el proceso para la fiscalización del tranvía de Jaén, según ha comunicado al Ayuntamiento en un requerimiento en el que le solicita la documentación relativa a esta infraestructura antes del viernes, algo que, a juicio del gobierno local (PP), la sitúa "bajo sospecha".

En rueda de prensa, el portavoz del equipo de gobierno, Miguel Ángel García Anguita, y el concejal de Hacienda y Comunicación, Miguel Contreras, han explicado este martes que el día 14 se recibió comunicación del referido organismo informado de la apertura de expediente acordada en su reunión de 30 de octubre.

Lo hace, según ha recordado Contreras, en el marco de su plan anual de fiscalizaciones y tras estimar la solicitud realizada desde las Cortes Generales para que analizase las inversiones y gastos de mantenimiento en los tranvías de Parla (Madrid), Zaragoza, Jaén y Vélez-Málaga.

Tras apuntar que el fiscal del Tribunal de Cuentas "ya ha visto indicios de posibles delitos" al estudiar el de Parla, ha considerado que cuando "empieza a fiscalizar algunas actuaciones es porque algunos indicios tiene que tener" y lo que va a buscar es que "el dinero público (120 millones de euros) se invirtiera en un proyecto que tenía algo de viabilidad" y cómo fue el desarrollo de los expedientes de contratación.

Para ello, en su requerimiento, pide al Ayuntamiento jiennense una relación certificada de todos los contratos formalizados para la construcción, puesta en marcha, funcionamiento y explotación del sistema, copia de los contratos formalizados, de los convenios entre otras administraciones para la construcción y/o financiación del tranvía, relación de gastos relativos a la construcción y puesta en marcha, así como de ingresos obtenidos para la construcción.

Noticia "triste"

García Anguita, que ha calificado la noticia de "triste y vergonzosa", ha asegurado que se contestará poniéndose a disposición del Tribunal de Cuentas y enviando "lo poco" que existe en el Consistorio sobre este proyecto, además de dirigirlo a la Junta de Andalucía, donde está "la mayor parte" de la documentación dado que fue la que adjudicó las obras.

Entre esa información de qué dispone la Administración local, han aludido a convenios firmados en su momento, así como a un contrato que sí licitó el Ayuntamiento para el suministro y funcionamiento del material móvil y al que posteriormente se realizó una adenda ratificada por el Consejo de Gobierno de la Junta "donde se subrogaban en el pago de esos vagones" de modo que el Consistorio debe al Gobierno andaluz "en vez de a la empresa" Alstom que fue la adjudicataria.

Igualmente, el Tribunal de Cuentas solicita las actas de las reuniones de juntas de gobierno y plenos en las que se debatió y acordó la suspensión del sistema y en su caso informes técnicos relacionados, algo que, en palabras de Contreras, es "imposible" "porque no hay suspensión", sino que "lo paralizó una decisión judicial y no de ningún órgano colegiado de este Ayuntamiento".

En este sentido, el portavoz ha incidido en que fue un auto judicial tras la demanda de Castillo, concesionaria de los autobuses urbanos, el que ordenó en mayo de 2011 la paralización por presunta competencia desleal ante la gratuidad de los viajes durante las pruebas. Tras llegar a la Alcaldía el PP, según ha agregado, trabajó "desde el primer día" para tratar de ponerlo en marcha, para lo que contactaron "con hasta ocho empresas" y "ninguna aceptó su explotación" y pidieron ayuda a otras instituciones.

FUNCIONAMIENTO,

"muy lejos"

Al hilo, preguntado si la decisión del órgano fiscalizador podría acercar o alejar más el funcionamiento del tranvía, ha dicho que "no tiene nada que ver". "Pero lo vemos muy lejos", ha manifestado el concejal, quien ha insistido en que el Ayuntamiento no puede asumir su coste anual "de seis millones de euros", a lo que ha sumado que "todavía hay deficiencias" que, en su opinión, correspondería al Ejecutivo autonómico, como promotor, arreglar.

En ello ha incidido Contreras, quien ha reiterado que en su momento "no hubo una recepción técnica" de la infraestructura, sino "una puesta a disposición política" por las "prisas" ante las elecciones municipales de 2011. Ha subrayado, además, que cuando el verano pasado el equipo de gobierno entregó las llaves en San Telmo "descargamos cualquier responsabilidad que podría tener el Ayuntamiento".

Sin embargo, como los vagones son de "propiedad municipal" y se encuentran "en esas cocheras", el Consistorio ha establecido "por responsabilidad política" un servicio de vigilancia" que está "totalmente operativo", aunque no con presencia física, sino "conectado y visualizado por la Policía Local".