El Pleno del Parlamento ha dado luz verde, este lunes, a la Ley de Abastecimiento y Saneamiento, una norma que ha recibido el voto en contra del PRC y del PSOE, y que según el Gobierno "garantiza el derecho universal al agua" y pone a Cantabria "a la cabeza de las comunidades autónomas" en este ámbito, al impedir que se pueda cortar el suministro a las familias que no puedan pagarlo.

Así lo ha destacado el consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, quien ha afirmado que esta ley supondrá "un importante avance" y permitirá una gestión del agua "más solidaria, más sostenible y más social". Además, se ha comprometido a impulsar de forma inmediata su desarrollo reglamentario para que sea operativa cuanto antes.

Ese desarrollo vendrá en parte de la mano del plan de abastecimiento y saneamiento, que contendrá según las previsiones del Gobierno, 1.500 obras con una inversión de 300 millones de euros, a ejecutar en los diez próximos años, con el objetivo de resolver las necesidades de abastecimiento y saneamiento de toda la región.

La ley contempla además una nueva regulación del canon de saneamiento, ahora canon de aguas residuales, al que se incorporan bonificaciones para las rentas más bajas (exención de la parte fija y rebajas de hasta el 60% en la variable". "Es la ley más social de la historia de Cantabria", ha asegurado el portavoz del PP, Luis Carlos Albalá, en línea con lo dicho por el consejero.

La lectura de la oposición es radicalmente distinta. De hecho, lo primero que ha dicho el portavoz del PSOE, Miguel Angel Palacio, cuando ha subido a la tribuna, es que "una cuenta se hace el borracho y otra el tabernero", idea que ha secundado el portavoz del PRC, Rafael de la Sierra, quien ha advertido de que el texto es susceptible de ser recurrido ante el Tribunal Constitucional porque "vulnera" la reforma local "del PP".

Para Palacio, la ley es "injusta", entre otras cuestiones porque obliga a pagar el canon de saneamiento a las familias que no disfrutan de este servicio. Para De la Sierra es "la ley de las ilegalidades" y "una puñalada a los ayuntamientos, sobre todo a los más pequeños", entre otras cosas porque atribuye competencias a los municipios sin contemplar los recursos financieros pertinentes.

Tanto el consejero como el portavoz del PP, Luis Carlos Albalá, han resaltado el "elevado" grado de consenso alcanzado en torno a esta ley, primero a través de la Federación de Municipios y el Consejo Asesor de Medio Ambiente, y ahora en el Parlamento. Según ha dicho Albalá, durante la tramitación parlamentaria, se han incorporado al texto 15 enmiendas del PRC, de las 43 que presentó en total, y tres del PSOE, de un total de 16.