La consejera de Administración Pública y Hacienda, Concepción Arruga, ha señalado esta mañana que el Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas 2012 destaca la "buena gestión" del Gobierno de La Rioja en materia económica y financiera.

Ha indicado que, el Informe aprecia textualmente "destacados avances en el cumplimiento de las recomendaciones señaladas por el Tribunal en fiscalizaciones de ejercicios anteriores", cuyas medidas son especialmente significativas en lo relacionado con la gestión presupuestaria, el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y la reordenación del sector público".

En este sentido, la consejera ha destacado la reducción en el número de recomendaciones con respecto a ejercicios anteriores, de 11 a 7, "lo que reconoce la labor de este Gobierno por la mejora permanente de la gestión económica, el control de las cuentas públicas y el compromiso con la sostenibilidad de esta Administración".

RECOMENDACIONES

Arruga ha manifestado su "respeto ante el contenido del informe elaborado por el Tribunal de Cuentas, que vuelve a hacer una serie de recomendaciones, dentro de la actividad normal de este órgano", ya que como ha recordado "el informe anual de fiscalización es una actuación ordinaria y necesaria que tiene como función el control de las cuentas y de la gestión económica ya que todas las comunidades están obligadas a rendir cuentas ante órganos externos de fiscalización". "Es otra fase más de fiscalización adicional a los propios sistemas de fiscalización (servicios jurídicos e intervención) de los que disponen todas las Comunidades Autónomas", ha añadido.

En este sentido, ha aclarado que en la actualidad, trece de las diecisiete autonomías han creado su propio Tribunal de Cuentas, mientras que La Rioja (al igual que Murcia, Cantabria y Extremadura) ha mantenido, para evitar duplicidades, al Tribunal de Cuentas como órgano externo de fiscalización.

El Informe Anual de Fiscalización de La Rioja relativo al ejercicio 2012 ha establecido un conjunto de siete recomendaciones, "algunas de las cuales ya han sido asumidas por el Gobierno de La Rioja, como muestra del respeto que el Ejecutivo tiene hacia esta entidad".

Es el caso de la sugerencia que realiza para que la Administración valorase la oportunidad de recaudar las deudas generadas por prestaciones sanitarias que corresponden a accidentes de tráfico o asistencias a asegurados de compañías privadas que, a juicio del Tribunal, descargaría los servicios jurídicos autonómicos. Arruga ha señalado que esta recomendación era una cuestión con la que ya estaba trabajando el Ejecutivo y prueba de ello es que esta determinación de "nuevo precio público" está sujeta a un expediente en curso.

Además, la consejera de Administración Pública y Hacienda ha explicado que otra de las recomendaciones que aparecen en el Informe, sobre adelantar el plazo de rendición de cuentas a 30 de junio del ejercicio siguiente, es algo que "estamos valorando y abordando con los centros gestores, aunque actualmente es el mismo plazo que contempla el Estado".

Por otro lado, con respecto a lo que señala el Tribunal relativo a que la Administración no ha considerado al Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja como integrante de su sector público al no mantener una posición mayoritaria en su Junta de Gobierno, Arruga considera que pese a que esta situación entienden que debería quedar resuelta por lo previsto en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, el ejecutivo regional "no la comparte" como así lo ha manifestado en las sectoriales correspondientes puesto que reduciría la operatividad de funcionamiento del propio Consorcio.

En relación a la recomendación relacionada con que la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja fijase de forma detallada en las bases reguladoras de ayudas, la valoración de los criterios de otorgamiento, la consejera ha anunciado que "ya se ha atendido" por lo que las próximas normas de bases que se publiquen ya contemplarán estos extremos señalados.

Gestión responsable

Arruga ha manifestado su voluntad de seguir atendiendo aquellas recomendaciones con las que estemos de acuerdo y que nos ayuden a mejorar nuestra gestión. Como muestra de la atención que el Gobierno de La Rioja presta a estas recomendaciones, se ha venido trabajando para implementar en la gestión de la administración aquellos aspectos que nos pueden ayudar a mejorar, aunque no serán valoradas por el Tribunal hasta que no fiscalice el ejercicio 2013.

Prueba de ello, es que para solventar las cuestiones relacionadas con los aspectos contables, el Ejecutivo aprobó el nuevo Plan General de Contabilidad Pública, que nos está permitiendo homogeneizar los criterios y la estructura contable de los distintos organismos autonómicos y entres públicos, así como mejorar la transparencia de la gestión pública.

Asimismo, sobre la recomendación que el Tribunal venía formulando para que se implantasen medidas organizativas para la confección de un inventario general centralizado, el pasado mes de enero se publicaba la orden que establece los criterios para la formación, actualización y valoración del Inventario General de Bienes y Derechos de la CAR y de todo su sector público.

De esta forma nuestra región ya cuenta con un completo inventario que incluirá los bienes inmuebles y derechos reales, los derechos de arrendamiento y otros derechos de carácter personal, los bienes muebles inventariables, los valores mobiliarios y los derechos de propiedad incorporal. Además, se indicará la situación jurídica, física y el destino o uso a que están siendo dedicados.

A ello se suma, las implantadas a través de la nueva Ley de Hacienda, que entró en vigor el pasado mes de enero y que atendía las relacionadas con una adecuada planificación presupuestaria y el control de las subvenciones.