Izquierda Unida ha presentado 1.136 enmiendas a los Presupuestos Generales de la Comunidad para el próximo año con las que persigue un cambio en la fiscalidad para que sea más progresiva, abrir la posibilidad a compatibilizar la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) con otros subsidios y evitar que organismos públicos puedan decidir sobre deuda y avales sin que lo apruebe el Gobierno de la Junta de Castilla y León.

Así lo ha explicado el procurador y coordinador de Izquierda Unida en la Comunidad, José María González, quien ha reiterado su "absoluto desacuerdo" con el proyecto presupuestario de la Junta, lo que motiva la presentación de un número de enmiendas que a alguno pueden parecerle "una exageración", pero que son "escasas".

Del total de enmiendas, 1.095 se presentan a los presupuestos por consejerías (por un total de 614,7 millones), 16 al articulado de los Presupuestos y otras 25 al Proyecto de Ley de Medidas Tributarias y Financieras, en las que González entiende que es donde debería estar un "modelo de presupuestar diferente".

En concreto, en cuanto a la Ley de Medidas ha señalado que se propone cambiar la política fiscal con un modelo tributario diferente, que no supone una "obsesión" por perseguir a los que más tienen, sino que el "mantra" de IU es su preocupación por las políticas sociales y que a la vez que se genera dinamismo económico se cubran los servicios como la sanidad, educación y servicios sociales.

González ha incidido en que si se hubieran aceptado estas enmiendas hace tres años se podrían haber generado 580 millones de euros más al año, con lo que en toda la legislatura se habría contado con 1.680 millones más.

La "alternativa fiscal" que propone IU pasa por una modificación de la tabla autonómica del IRPF donde los que tengan menos recursos netos no paguen. En concreto, aboga por que los que ganen menos de 17.707 euros no paguen, pero se produzca un importante incremento a partir de los 53.407 euros, a partir de los cuales se establecerían tramos con incrementos progresivos a partir de los 80.000, los 100.000 y los 120.000 euros.

El coordinador de IU ha asegurado que con la aportación de los 3.280 ciudadanos de la Comunidad que ganan más de 100.000 euros se superaría la cuantía que se recauda a "decenas de miles" de ciudadanos que cobran 17.707 euros, tras lo que ha recordado que Castilla y León cuenta con los salarios medios y las pensiones más bajas del Estado.

A través de estas enmiendas, la coalición también pretende eliminar deducciones fiscales que sólo benefician a los que más tienen y no generan dinamismo económico y social en los impuestos de sucesiones, patrimonio y donaciones.

También plantea una tasa a las grandes superficies, que generan un beneficio "para pagar fuera" y que cree que han sido "clave" en la desaparición del pequeño y el mediano comercio.

Por otro lado, ha reclamado que no se elimine el índice IPREM para calcular la concesión de ayudas a domicilio y se haga como hasta ahora porque considera que el PP trata de "incrementar el copago".

Renta garantizada

Otra de las enmiendas, ha destacado José María González, busca modificar la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía para que ésta pueda ser compatible con subsidios sociales a tiempo parcial que perciben los ciudadanos del Estado.

El procurador de IU ha señalado que con las modificaciones realizadas por el PP hay subsidios que son "parciales", de 120 o 48 euros, y si no se introduce esta modificación los ciudadanos no podrían cobrar la RGC.

A este respecto, ha recordado resoluciones del Procurador del Común en las que ponía como ejemplo una persona que cobraba 40 euros al mes y no podía recibir esta ayuda autonómica.

En cuanto a las enmiendas que la formación presenta al articulado, ha señalado que muchas de ellas van destinadas a que las decisiones sobre endeudamiento y avales las tenga que aprobar la Junta de Castilla y León y dar cuenta de ello en las Cortes.

"Ya está bien de que organismos públicos puedan tomar decisiones obre millones de euros", ha señalado el coordinador autonómico de IU, quien ha añadido que otras de las enmiendas se dirigen a que no se congelen los salarios de los empleados públicos y se incremente la contratación sin fijarse sólo en la tasa de reposición con el fin de que los servicios públicos sean de calidad.

Por lo que se refiere a las enmiendas parciales por consejerías (1.095), el objetivo es plasmar la política alternativa de IU, ha señalado González, quien ha explicado que lo primero que se pretende es limitar la externalización y la "privatización" de servicios.

El procurador de IU ha aclarado que claro que quieren que se limpie y se lleve a cabo un mantenimiento, pero para ello aboga por que se contrate personal laboral fijo, lo que supondría más eficiencia, eficacia, beneficio social y generación de salud.

También en esta línea de evitar privatizaciones, González reclama que se recupere la gestión pública en los comedores escolares, que ha recordado que han estado "muy en boca" de todos por lo ocurrido con la aparición de larvas en la comida de varios centros escolares y ha incidido en que no se dice ahora por este problema sino en la misma línea de limitar la privatización para evitar estas situaciones.

Otra de las cuestiones que se proponen en estas enmiendas, por ejemplo en el caso de la Sanidad, es la creación de hospitales comarcales en el norte, sur y este de la Comunidad y no "macrohospitales" como el que se va a hacer en Palencia.