La Junta de Andalucía ha indicado este jueves que quien ha puesto en una "situación lamentable y dolorosa" a los ciudadanos británicos propietarios de las viviendas cuyo derribo está programado para el próximo día 18 en Cantoria (Almería) es el exalcalde Pedro Llamas (PP) y ha defendido que con su actuación se "limita a cumplir una sentencia judicial en firme" de forma subsidiaria después de que "sus titulares hayan hecho caso omiso al requerimiento y no lo hayan hecho de forma voluntaria".

En un comunicado, la delegada de la Junta, Sonia Ferrer, ha recordado que Llamas fue condenado a prisión e inhabilitación, junto a otros, a raíz de la construcción de esta promoción de cuatro viviendas en el paraje Las Terreras y que "no atendió ninguno de los requerimientos que se le hicieron cuando el Seprona, en 2003, denunció ante la jurisdicción penal un posible delito contra la ordenación del territorio, por roturación y desmonte de terreno sin autorización". "Pese a las denuncias y los expedientes sancionadores, la promotora continuó las obras, que finalizó en 2004", ha remarcado.

Ferrer ha valorado que, "en esta ocasión", el Ayuntamiento de Cantoria diga públicamente que respeta la decisión judicial por la que se ordena la demolición de las casas ilegales, "demolición que se hubiera evitado si en su día hubieran respetado y acatado las mismas decisiones y requerimientos y no se hubiera permitido la construcción de los inmuebles", ha apuntillado.

La delegada también ha hecho alusión a una posible contradicción entre el próximo derribo y el anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucia (LOUA) aprobado recientemente por Consejo de Gobierno con el fin de regularizar viviendas ilegales en Andalucía y ha precisado que estas viviendas de Cantoria "no podrían acogerse a las medidas contempladas en el anteproyecto, ya que son viviendas ilegales que se encuentran en un procedimiento judicial y con sentencia firme".

Ferrer ha lamentado que las "principales víctimas de este caso" no hayan visto "cumplido" lo que pidieron a los dirigentes del PP Esteban González Pons y Javier Arenas durante su visita a la comarca en las pasadas elecciones europeas "en el sentido de que cambiaran el código penal para que las viviendas en situaciones similares no puedan ser demolidas en tanto que sus propietarios no reciban de manos de los culpables de la ilegalidad, las indemnizaciones que les correspondan".

Por último ha precisado que en Almería, en los últimos ocho años, se han demolido 14 inmuebles, 12 viviendas y dos naves industriales, de las cuales, 11 eran de propietarios españoles y tres de ciudadanos ingleses. De las 14 demoliciones, seis fueron en Rágol, dos en Vícar, dos en Cantoria, dos en Albox, una en Vera y una en Felix.