El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha mostrado "dispuesto" a escuchar todas las propuestas de reforma de la Constitución después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido el 9-N alternativo, cuestión a la que no se ha referido explícitamente. Precisamente, el PSC anunció el lunes que el 10-N presentará su propuesta concreta de reforma constitucional en sentido federal.

"Pero me gustaría que se hicieran y que tuvieran el máximo consenso, porque creo que en este momento, una Constitución tan solo de dos partidos no es el mejor servicio que se le puede hacer a España", ha dicho durante su intervención en la clausura del Congreso Nacional de Empresa Familiar, que se celebra en Alicante. Además, tampoco aceptará ninguna reforma que sirva para acontentar a unos pocos y ha augurado que los independentistas no la apoyarían pues no incluirá el derecho a decidir.

Durante su intervención y en el posterior coloquio con los empresarios, Rajoy ha recordado que en 1978, "no sin dificultades", hubo acuerdo para pactar un marco constitucional aunque "no le gustaba demasiado ni a unos, ni a otros". "Pero ésa era su gran virtud", ha destacado el presidente, quien ha asegurado que el nivel de descentralización es mucho mayor que en Estados Unidos o Alemania.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha instado al presidente de la Generalitat, Artur Mas, acate la suspensión. "La ley nos obliga a todos y ningún gobernante puede decidir lo que cumple y lo que deja de cumplir", ha dicho al ser preguntada por los periodistas en el Congreso.

El portavoz del PPC en el Parlament, Enric Millo, ha pedido al presidente catalán, Artur Mas, "que cumpla con su palabra, porque dijo que no actuaría nunca al margen de la ley, y esto comporta ahora parar absolutamente todos los preparativos del 9-N". A su juicio, Mas, "tiene ante sí un dilema, porque sus socios de Gobierno le piden que desobedezca" y quienes están "al lado del Estado de derecho y la legalidad" le piden que "cumpla con la providencia del TC".

"Es la segunda vez que el TC le dice al Gobierno de la Generalitat que no puede hacer lo que desea el 9-N, porque está fuera del marco legal vigente, y la resolución supone una garantía de cumplimiento de las leyes y de respeto a los derechos del conjunto de catalanes y españoles", ha añadido en los pasillos del Parlament.

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha reclamado al presidente de la Generalitat que asuma "su fracaso" y convoque elecciones anticipadas para que los catalanes puedan elegir un gobierno con gente "sensata".

"Desde el punto vista político y jurídico, se puede afirmar que el 9-N de Mas y (Oriol) Junqueras —líder de ERC— han fracasado, y estamos en la antesala de unas elecciones que permitan elegir un gobierno no de astutos, sino de gente sensata", ha agregado.

El portavoz del PSC en el Parlament, Maurici Lucena, ha pedido al Govern y al presidente de la Generalitat que cumplan la resolución y no incurran en una actitud de desobediencia a la legalidad. "Los socialistas catalanes dijimos que era un error del Gobierno español recurrir el proceso participativo, pero una vez presentado y que el TC ha resuelto suspenderlo cautelarmente, entendemos que el Govern tiene que respetar la decisión del tribunal y cesar todas las actuaciones relacionadas con el 9-N".

Los socialistas no se plantean "un escenario alternativo al del respeto a la legalidad, ya que el gobierno de la Generalitat es el responsable del cumplimiento de la ley, y las declaraciones hechas estos últimos días, tanto por Mas como por la vicepresidenta Joana Ortega, no abren ninguna otra posibilidad que la de respetar el estado de derecho".

El presidente de Societat Civil Catalana (SCC), Josep Ramón Bosch, se ha mostrado satisfecho con la decisión del TC, al tiempo que ha descartado cualquier tipo de "desorden público" este domingo está convencido de que los Mossos d'Esquadra "harán cumplir la ley" y de que la sociedad catalana "se va a comportar".

Ha asegurado que el 9-N "no va a pasar nada" más allá de una "recogida de firmas" o de un intento de las agrupaciones soberanistas de "sacar las urnas a las calles". A su juicio, la cita importante será "a partir del 10 de noviembre", cuando los partidos políticos y el resto de interlocutores deberán ponerse a trabajar para "afrontar de verdad" la situación de Cataluña.