El portavoz del equipo de gobierno, Antonio Gómez, ha reiterado que "ninguna presión" va a lograr que el Ayuntamiento "entregue a nadie dinero de todos los santanderinos saltándose la legalidad". El edil se ha referido así al caso de Amparo Pérez, la vecina de 86 años expropiada por las obras del nuevo vial que conecta la S-20 con Los Castros.

"Ni presiones, ni amenazas, ni personalizar en un cargo público que no tiene ninguna capacidad de acción, como es el alcalde, va a conseguir que el Ayuntamiento entregue a nadie dinero de todos los santanderinos saltándose la legalidad", ha advertido Gómez, que ha recalcado que este caso "no se diferencia en nada de los 38 restantes" afectados por expropiaciones, que se han producido "con total normalidad". Tampoco se diferencia, ha dicho, de los "miles" de expedientes de expropiación que "se han llevado a cabo en la ciudad, y en cualquier otro municipio, a lo largo de los años".

"Ningún alcalde tiene ninguna facultad para saltarse la ley y establecer un precio para los bienes expropiados por encima del que marca el Jurado de Expropiación, y ninguna presión conseguirá que eso suceda en el Ayuntamiento de Santander", ha recalcado.

El portavoz del equipo de gobierno municipal ha reiterado el "claro valor estratégico" que tiene la infraestructura proyectada, que resuelve un "problema evidente" de movilidad entre dos extensas áreas de la ciudad, tal y como "aparece reflejado desde hace años" en el Plan General de Ordenación Urbana de Santander, en el Plan de Movilidad de la ciudad y en el propio proyecto de Ordenación de la Vaguada de Las Llamas.

"Todos estos documentos han sido sometidos durante años a numerosos procesos de participación pública para que pudieran presentar alegaciones, sugerencias, quejas..., sin que nos conste que, durante todos estos años, se presentara ninguna en relación a esta vivienda, a pesar de que su propietaria conocía la situación en la que se encontraba desde hace cerca de dos décadas", ha relatado Gómez.

El portavoz ha recordado que el juez denegó la suspensión cautelar de la expropiación y dejó patente en su auto que esta medida, que reclamaba la propietaria, "afectaría gravemente al interés general en dos aspectos: de un lado el retraso que conllevaría la ejecución de una obra pública cuando no existe defecto alguno en las distintas fases del procedimiento expropiatorio, así como en los perjuicios económicos".

Por otro lado, ha dicho, se encuentran "los intereses económicos de la propietaria de la vivienda expropiada y sus familiares, que reclaman una indemnización superior a la fijada por el jurado de expropiación, que asciende a 80.000 euros, y que es a la que se tiene que atener el Ayuntamiento", por lo que, ha concluido Gómez, "estamos ante el intento de una persona de imponer, frente al interés de todos, su voluntad de obtener una indemnización mayor de la establecida".

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