La Audiencia de Valladolid ha resuelto mantener finalmente al alcalde de la ciudad, Francisco Javier León de la Riva, fuera de la lista de personas imputadas por el caso de irregularidades detectadas en el Plan General de Ordenación Urbano (PGOU), tal y como había acordado el titular del Juzgado de Instrucción número 1, José María Crespo, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La resolución de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia vallisoletana, presidida por Feliciano Trebolle, deja fuera del procedimiento al alcalde y al concejal Manuel Sánchez pese al criterio en contra de la Fiscalía y la acusación popular, saca de la lista de imputados al secretario municipal, Valentín Merino Estrada, a José Luis Barca, exjefe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, y a Luis Ángel Lavín Deza, actual letrado municipal, mientras que incluye en el listado de personas imputadas a Ramón Herrero Merino, administrador de Área Especial, S.L, que ya prestó declaración por estos hechos como imputado a lo largo de la instrucción.

A su vez, la Audiencia Provincial acuerda que se tome declaración como imputados a Gonzalo Jolín, vinculado éste a una operación inmobiliaria en la Avenida Madrid; Pilar Asunción López Mazariegos y Francisco Capellán Bernardo, ambos relacionados con una operación en Arca Real, y Lino Collazos del Castillo, con motivo de una actuación urbanística en la calle José María Lacort.

En el caso de estos cuatro últimos, su declaración como imputados había sido solicitada por la acusación popular, ejercida por la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, con lo que ahora el juez instructor deberá interrogarlos antes de determinar si acuerda dictar o no contra ellos auto de imputación o bien decide sobreseer su caso.

También deberá interrogar, aunque como testigo, a María del Mar Devesa, trabajadora de Inzamc, la empresa con la que el Ayuntamiento de Valladolid tenía contratada una parte la elaboración del PGOU. Su interrogatorio había sido pedido por el letrado del arquitecto municipal imputado, Luis Álvarez Aller.

El citado tribunal resuelve de esta forma los recursos de apelación interpuestos por todas las partes personadas en la causa, que, a excepción del letrado de José Luis Mayordomo, socio del Grupo Capitol, habían solicitado de forma unánime la nulidad del auto de imputación—ha sido desestimada—, aunque de forma subsidiaria tanto el Ministerio Fiscal como la acusación popular, ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', pretendían la inclusión en la lista de imputados del alcalde, Francisco Javier León de la Riva, y del concejal Manuel Sánchez, junto con el empresario Ramón Herrero Merino, de Área Especial S.L, pretensión que tan sólo han logrado en el caso de este último.

La resolución de la Audiencia de Valladolid se produce después de analizar los autos originales de la causa, en total 7.750 folios y numerosas grabaciones de declaraciones, junto con los catorce recursos de apelación de los imputados, doce de ellos de personas físicas y dos del fiscal y la acusación popular, interpuestos contra el auto de fecha 31 de julio de 2013 del Juzgado de Instrucción número 1.

En aquel auto, el juez excluyó al alcalde de Valladolid y en cambio dirigió la causa contra doce personas físicas y cuatro empresas: Capitol Promociones, Parkosa, Vallenaba Capitol y Progot, cuya situación permanece invariable.

En el caso de las personas físicas imputadas, el instructor incluyó como principales responsables de las alteraciones detectadas en la principal herramienta de planeamiento urbano de Valladolid al exedil de Urbanismo, José Antonio García de Coca; al secretario municipal, Valentín Merino Estrada, ahora desimputado; al arquitecto Luis Álvarez Aller; al exjefe de Área de Urbanismo, Modesto Mezquita; a José Luis Cerezo, exjefe de este servicio; a los hermanos José Luis y Eduardo González Torres y a José Luis Mayordomo (expresidente del Baloncesto Valladolid), los tres socios de Grupo Capitol; Antonio Pastrana y José Ángel Astorga, socios de Parkosa, así como a José Luis Barca, exjefe de la Asesoría Jurídica municipal, y al todavía letrado municipal, Luis Ángel Lavín Deza, otros dos que han visto sobreseidas las actuaciones contra ellos.

A los imputados se les acusa de delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, falsedad, cohecho, tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios, todo ello por hechos ocurridos a partir de 2003 relacionados con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, fue modificado para, supuestamente, beneficiar a los promotores de distintos proyectos urbanísticos.

No acreditada la participación del alcalde

Por lo que respecta al alcalde, la Sala entiende que su condición de regidor y actuacióncomo tal en los diversos órganos del ayuntamiento para inferir su participación voluntaria en los presuntos delitos investigados, "siendo preciso que consten hechos de los que quepa apreciar en aquel algún tipo de intervención o cooperación en la realización de las alteraciones del PGOU, con conocimiento de ello y/o que colaborase también de forma intencional en decisiones urbanísticas derivadas de aquella manipulación en contra del ordenamiento jurídico, de lo cual no se ofrecen suficientes indicios en las presentes actuaciones".

Así, se recuerda que era el concejal de Urbanismo, con funciones delegadas, y los técnicos de mayor rango en dicho Área, todos ellos imputados, los que manejaban y controlaban estas cuestiones tan específicas y no exentas de complejidad como las de urbanismo.

En lo concerniente a Manuel Sánchez, que tampoco ha sido incluido entre los imputados, se razona que accedió a la Concejalía de Urbanismo en 2007, con lo que se encontró con las manipulaciones ya realizadas y los expedientes urbanísticos sobre las fincas investigadas avanzados.

"Su actuación en los expedientes, a partir de entrar en el cargo de Concejal de Urbanismo, se basa en los informes que se le aportan por los técnicos de dicho Área, sin que concurran elementos que permitan constatar que tuviera conocimiento claro o preciso de esas alteraciones y el alcance de las mismas", añade el auto.

Cinco años de investigación

El denominado 'Caso del PGOU' de Valladolid fue llevado a la Fiscalía de Valladolid el día 7 de julio de 2008 por el Grupo Municipal Socialista, que denunció ya entonces la modificación ilícita de 67 artículos y cinco planos —el Ayuntamiento reconoció errores en ocho epígrafes y cinco planos— y consideró como principal responsable al exedil de Urbanismo, a quien imputaba por las manipulaciones en el planeamiento urbanístico de la ciudad en los últimos días de agosto de 2003, entre su aprobación provisional por parte del Pleno y la definitiva por parte de la Junta.

Aunque los hechos fueron denunciados por el grupo de concejales socialistas, éstos no han podido personarse en las diligencias debido a la elevada fianza exigida, algo que, por el contrario, sí han logrado hacer la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, que figura como acusación popular tras desembolsar 8.000 euros de fianza.

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