Los fraudes para lograr ayudas y las pequeñas estafas elevan un 8,5% los delitos de falsedad

A falta de recursos, picaresca. Después de seis años de crisis, los pequeños fraudes y las estafas a escala reducida se han convertido en el refugio de muchos para esquivar los recortes y la ausencia de empleo.

Según los datos recogidos por la Fiscalía de Madrid en su memoria de 2013, el número de diligencias abiertas por falsificación de documentos, de certificados o de moneda creció un 8,5% con respecto a 2012, al pasar de 3.700 a 4.015.

Este aumento de 315 expedientes contrasta con el descenso generalizado de la criminalidad (427.104, - 2%) y con la caída o estabilización de los delitos más comunes, como son los producidos contra el patrimonio (230.781, -0,4%), los de lesiones (43.075, +1%), los de prevaricación, encubrimiento, simulación o falso testimonio (5.049, -6,9%), los que afectan a la seguridad del tráfico (3.614, - 11,5%) o los de orden público (2.254, -7.8%).

Aunque no existe una sola explicación, los expertos coinciden en señalar que la recesión tiene mucho que ver con el crecimiento de las denuncias por falsedad.

"Estamos en momento difíciles y la gente agudiza el ingenio para obtener ingresos. Como algunos no son delincuentes al uso, caen en delitos económicos de guante blanco cuya pena es menor. De hecho, aproximadamente un 60% de las falsificaciones están ligadas a estafas, es decir, son delitos instrumentales para alcanzar un fin, como es conseguir un beneficio económico", detalla a 20minutos el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix.

¿En qué se traducen estos engaños? Moix pone como ejemplo la falsificación de un cheque, la expedición de un certificado o informe fraudulentos para obtener una prestación por minusvalía o el uso de una escritura de compraventa ilegal para arrancar al comprador una fianza por el inmueble.

Andreu Van den Eynde, penalista y miembro del proyecto Auditoría Penal, suma a estos los fraudes "a pequeña escala" entre propietarios y los empresariales: "Se ven cosas que ante no eran frecuentes. Está el que acuerda con un colega la emisión de una factura por un servicio a la comunidad de vecinos que en realidad no se ha realizado, pero que dirá que ha abonado para no pagar el recibo de la contribución. También, el que necesita vender su restaurante porque le va mal y falsifica documentos laborales para engañar a la persona que se queda con el negocio y que esta crea que no existen deudas con trabajadores, cuando no ha pagado sueldos o finiquitos".

La letrada Bárbara Román, del despacho RSV, aclara que, aunque la colocación de billetes falsos forma parte del mismo tipo de delitos, es el que se produce con menos frecuencia: "Es el más espectacular y el que más interesa a las fuerzas de seguridad del Estado, porque afecta a un bien común, pero lo que se ve cada vez más en los juzgados son ciudadanos que intentan ganarse unas perras a costa de timar al vecino".

Es de esta forma, mediante denuncias entre particulares, como salen a la luz la mayoría de los casos. "Cuando surgen varias en la misma zona, o con las mismas características, la Policía tira del hilo y detecta si son fraudes a nivel organizado o no", añade Román.

Lo que también ha cambiado, aseguran los expertos, es la sensibilidad de los afectados a la hora de poner su caso en manos de las autoridades. "En 2008 nadie ponía una querella por 3.000€ y la gente no estafaba tanto porque no estaba tan desesperada. Ahora sí se querellan porque la vía civil ya no es tan útil e implica tasas. Además, necesitan recuperar el dinero, así que aprovechan que los abogados han bajado las tarifas y hacen presión al deudor", estima Andreu Van den Eynde.

El castigo que impone el Código Penal por falsificar o usar un certificado fraudulento es una pena de multa diaria durante entre 3 y 6 meses. La cuota, fijada por el juez, será de un mínimo de 2€ y un máximo de 400€, excepto en el caso de que se trate de una persona jurídica, en cuyo caso se incrementará a un mínimo de 30€ y un máximo de 5.000€.

Si el documento es privado, la condena asciende a entre 6 y 2 años de prisión. Si se trata de un pliego público, oficial o mercantil, pasa a penas de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses. La falsificación de moneda o el uso y comercio de sellos de Correos o efectos timbrados implicaría un arresto de 9 a 15 fines de semana y multa de 6 a 24 meses si el valor fuera superior a 400€ en su tramo inferior. En su tramo superior, alcanzaría la pena de prisión de 8 a 12 años y multa de hasta 10 veces el valor que aparente la moneda.

Las sanciones se incrementan si el acusado es un funcionario público o si pertenece a una confesión religiosa y altera documentos que puedan producir efectos en el estado de las personas o en el orden civil.