La Junta inicia el estudio de las aportaciones públicas a la Ley de Movilidad Sostenible para su inclusión en el texto

La normativa entrará en el Parlamento andaluz para su debate el próximo año
Carril Bici, ciclista, bicicleta
Carril Bici, ciclista, bicicleta
EUROPA PRESS/AYTO DE MÁLAGA
Carril Bici, ciclista, bicicleta

El director general de Movilidad de la Consejería de Fomento y Vivienda, José Luis Ordóñez, ha comunicado este viernes el final del plazo de información pública al que ha sido sometido el anteproyecto de la Ley Andaluza de Movilidad Sostenible. Ante esto, ha indicado que "se inicia ahora un periodo para la recopilación y estudio de las aportaciones presentadas, de manera que podamos enriquecer el texto normativo final".

Así lo ha expresado Ordóñez tras reunirse en Málaga, junto con el delegado territorial de Fomento y Vivienda, Manuel García Peláez, con agentes sociales, económicos, colectivos y ciudadanos de la provincia para trasladarles el contenido de la futura ley. Ambos han destacado que esta normativa sea "la única a nivel del Estado que se refiere de forma exclusiva a la movilidad sostenible".

Según Ordóñez, esta futura ley permitirá al ciudadano "moverse con menor gasto económico y menor afección al cambio climático". Para ello, se analizarán y diagnosticarán los problemas de movilidad en las ciudades y se aplicarán aquellos medios que permitan transformar los hábitos de transporte actuales, "quitando coches y fomentado los vehículos públicos motorizados o no motorizados", ha precisado García Peláez.

En este punto, el delegado territorial ha señalado que el objetivo es que la cuota modal del transporte público, situada actualmente en Andalucía en una media del 6,8 por ciento, llegue al promedio europeo del 20 por ciento.

El plazo de información pública comenzó el pasado 29 de septiembre, después de que el día 16 de ese mes el Consejo de Gobierno acordara iniciar los trámites para la aprobación del documento, que plantea como objetivos fundamentales incrementar la cuota del transporte público y de los medios no motorizados en el desplazamiento de personas y del ferrocarril en el transporte de mercancías.

El texto, que se enviará para su debate al Parlamento el próximo año, establece medidas para racionalizar las inversiones en infraestructuras y servicios supeditándolas a criterios de ahorro y eficiencia energética y de viabilidad económica, social y medioambiental.

Como principal novedad, los proyectos en el ámbito de la movilidad deberán incluir un informe sobre este tipo de costes externos. Reglamentariamente se determinarán los umbrales por los que serán tenidos en cuenta.

La norma recoge cuatro tipos de documentos: el Plan Andaluz de Movilidad Sostenible; los Territoriales de Movilidad Sostenible de las Aglomeraciones Urbanas —Almería, Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla—; los de Movilidad Urbana Sostenible, y los Planes de los Centros Generadores de Movilidad. Todos ellos estarán aprobados antes de finalizar 2015.

De estos planes, ya se encuentran en tramitación el andaluz y los territoriales. El primero de ellos, el de mayor ámbito y con carácter prevalente sobre el resto, establecerá el programa completo de servicios e infraestructuras de transporte recogido por la Junta, con previsiones de inversión y todo el marco de medidas para fomentar los desplazamientos a pie, en bicicleta, en transporte público y en ferrocarril de mercancías.

El Plan Andaluz fijará también las medidas normativas para la implantación de nuevas infraestructuras de transporte público colectivo en función de ratios de demanda, rentabilidad social y viabilidad económica.

Por su parte, los nueve Planes Territoriales incluirán un diagnóstico de la movilidad y su evolución previsible en cada área metropolitana, así como objetivos y criterios para el trazado de vías peatonales y ciclistas y de plataformas reservadas al transporte público en tramos de competencia autonómica.

Planes urbanos

Los ayuntamientos, por su parte, aprobarán sus respectivos Planes Urbanos, obligatorios para todos los municipios de más de 20.000 habitantes y también para aquellos que determinen los Planes Territoriales por sus problemas de movilidad.

Esta planificación de ámbito local, que requerirá el informe favorable de la Consejería de Fomento y Vivienda, incluirá el trazado de plataformas reservadas para el transporte público y de vías ciclistas y peatonales, mapas de zonas de calmado de tráfico, caminos escolares seguros y un diseño de infraestructuras con programa de inversiones y previsión de costes de mantenimiento.

Asimismo, los Planes Urbanos identificarán los denominados 'centros generadores de movilidad sostenible', en los que se incluyen las zonas de trabajo con 200 o más personas, las instalaciones educativas con más de 250 —entre alumnado y profesorado—, los polígonos industriales y parques empresariales, las grandes superficies minoristas y los espacios de ocio, hospitales, ambulatorios y establecimientos sanitarios que cuenten con más de 250 individuos entre usuarios y personal, así como los estadios, pabellones deportivos y edificaciones donde se desarrollen espectáculos con gran afluencia de público.

La futura norma establecerá, además, que los promotores deberán contribuir a sufragar las nuevas infraestructuras generadas para absorber la movilidad prevista. Estos porcentajes de participación se establecerán reglamentariamente.

BICICLETAS

El anteproyecto incluye, por otro lado, medidas concretas sobre el transporte público colectivo y de mercancías, así como de fomento del uso de la bicicleta. Con respecto a este último, los edificios de uso residencial de nueva construcción tendrán obligatoriamente que disponer de emplazamientos específicos, seguros y resguardados para un mínimo de dos bicis por vivienda.

En cuanto al transporte de mercancías, la Junta potenciará la red de áreas logísticas de interés autonómico y su conexión con los puertos comerciales andaluces, nacionales y europeos para facilitar el intercambio modal. Asimismo, promoverá la implantación de microplataformas logísticas para la distribución de mercancías en el entorno urbano.

El anteproyecto obliga a las operadoras, en materia de transporte público colectivo, a ofrecer en el plazo de un año información en Internet de rutas y horarios y la posibilidad de adquisición de billetes para los desplazamiento de media o larga distancia en autobús.

Asimismo, se crea la figura del municipio libre de automóviles, para los que realicen proyectos de espacios urbanos accesibles, además de un fondo autonómico específico de financiación para los mismos. Las características mínimas que deberán reunir las localidades acogidas a este programa se desarrollarán en un reglamento.

Finalmente, el anteproyecto también hace referencia al Observatorio Andaluz de la Movilidad Sostenible y la Logística, que aglutinará los medios técnicos y administrativos que ya funcionan en la Junta en relación con este objetivo, pero reforzando la transferencia de conocimiento, comunicación y participación entre empresas públicas y privadas, administraciones, universidades, usuarios y organizaciones sociales, especialmente en el ámbito medioambiental.

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