Ambos partidos se han defendido de estas acusaciones.

Desde el PSOE reiteran que sus listas "están limpias", y aseguran que las imputaciones a sus candidatos están relacionados con "errores administrativos".

El PP afirma que para expulsar a alguien de sus listas "no basta una imputación".

Los casos

La comunidad donde se dan más casos de este tipo es Valencia.

Trece cargos del PP y dos del PSOE están implicados en diversas causas, entre ellos el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, del PP, que está acusado de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal.

Otros de los candidatos ‘sospechosos' son los actuales alcaldes de Alicante, Luis Díaz Alperi, y de Torrevieja, Pedro Hernández.

El primero es sospechoso de haber cometido un desfalco de seis millones y el segundo de tráfico de influencias y uso privilegiado de información.

En Andalucía destacan los casos de los municipios malagueños Alhaurín de la Torre y Alhaurín el grande, cuyos candidatos a alcalde por el PP son sospechosos de haber cometido irregularidades en su gestión urbanística.

Por su parte, el alcalde del municipio onubense de Valverde del Camino, José Cejudo, está implicado en un caso de acoso laboral.

En Madrid, el alcalde de Bobadilla del Monte y candidato del PP Arturo González está implicado en un presunto delito ecológico.

El también popular Félix Gavilanes, candidato del municipio de Brunete está acusado de redactar el plan urbanístico de este pueblo atendiendo supuestamente a intereses privados.

Por último, en Galicia, Antonio Fernández Rocha, cabeza de lista del PP en el municipio de Tui está condenado a una condena de inhabilitación de siete años, que está pendiente de recurso. Aún así podría convertirse en alcalde de la localidad.