La reforma del Estatuto de Autonomía prosigue su tramitación en el Parlamento de Canarias tras la Comisión General de Cabildos de este lunes, en la que el Cabildo de Gran Canaria y el Grupo Popular se han desmarcado del proyecto impulsado por el Gobierno de Canarias y los grupos Nacionalista y Socialista.

El presidente grancanario, José Miguel Bravo de Laguna, ha criticado que en el texto no se garantiza la "suficiencia financiera" de las corporaciones insulares, al tiempo que ha señalado que pueden quedar "vacíos de contenido" al aparecer como instituciones "tuteladas" por la Comunidad Autónoma.

Asimismo, se ha mostrado "preocupado" porque se impulse un texto "a final del mandato" que además, debe ser "consensuado", poniendo como ejemplo que al PP se le pide que deje sobre la mesa proyectos como el de la ley del aborto o la reforma electoral.

En esa línea, ha criticado que el presidente canario, Paulino Rivero, apele al concepto polémico de "soberanía compartida", que "no aporta nada" en el momento actual.

Su homólogo en Tenerife, Carlos Alonso, ha pedido algunas "clarificaciones" en el texto para mejorar el encaje de los cabildos, y ha dicho que el espíritu de consenso debe ser "básico" pero sin "bloquear" una reforma que en otros territorios se ha producido de manera "reciente", como Murcia.

Por ello, ha pedido a los grupos parlamentarios que busquen el "consenso" y hagan un esfuerzo porque Canarias demanda un nuevo Estatuto para mejorar su desarrollo económico. "El Estatuto nos haría más capaces. Si no se hace, el río se estanca y puede oler mal o romper las normas básicas de funcionamiento, como pasa en otros territorios de España, lo que no queremos ninguno de los que estamos aquí", ha apuntado.

Por el Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas ha señalado que su corporación apoya el texto, aunque le "preocupa" la cuestión electoral, advirtiendo de que su isla no debe bajar en número de diputados.

En parecidos términos se expresó el presidente gomero, Casimiro Curbelo, que ha apoyado la tramitación pidiendo "consenso", ya que el archipiélago necesita un "nuevo marco competencial" y a los cabildos les hace falta suficiencia financiera.

Además, ha dicho que hay que ser "generosos" con las competencias —especialmente en puertos y aeropuertos— y también ha alertado de la posibilidad de que desaparezca la triple paridad en el sistema electoral al "convivir" con la circunscripción autonómica.

"Nadie tiene la garantía de que se respete la situación actual en la futura ley. Si no hay triple paridad, habrá consecuencias en las políticas de Gobierno y Parlamento, y puede haber dos velocidades en el desarrollo económico", ha señalado.

Por el Cabildo de Lanzarote, su titular, Pedro San Ginés, no cree que vaya a desaparecer la triple paridad, tal y como ha sostenido el presidente gomero, pero "si así fuera, estoy en radical desacuerdo", ha señalado.

El vicepresidente del Gobierno, José Miguel Pérez, ha dicho que la España autonómica ha supuesto un "avance sin precedentes", y ha incidido que pese a la crisis de 1982, se impulsó a un cambio que contribuyó al "progreso" de los ciudadanos.

Riesgo de "recentralización"

Pérez ha alertado del peligro de "recentralización" del Estado, y por ello, cree que Canarias debe tener un Estatuto "renovado" a la altura de otras Comunidades. En su opinión, Gobierno y Parlamento van a trabajar "hasta el último minuto", y una de las prioridades es la revisión "a fondo" de la estructura administrativa de las islas. "En este momento, nuestro Estatuto no está entre los más potentes", ha destacado.

Ha valorado el texto, que surgió en 2007 "con las renuncias de todos", y sobre la reforma electoral, ha dicho que ahora hay "otro momento" que permite impulsar una circunscripción regional. En su opinión, la propuesta es "ambiciosa" porque multiplica el articulado y revisa la organización y la financiación de los cabildos.

Por el Grupo Socialista, Julio Cruz ha dicho que la reforma es necesaria y se sabía "desde el minuto uno" de esta Legislatura, y ha recordado que hay "una base" que tuvo amplio consenso, el documento de 2007.

Ha dicho que su grupo pide "espíritu de consenso" pero también "bloquear por bloquear, no", porque cree que en Canarias "se dan las condiciones" para impulsar una reforma que mejore el autogobierno y el desarrollo de las islas.

Sobre la reforma electoral, ha dicho que se garantiza "un mínimo" de representación a las islas menores —rechazando la versión de su compañero Curbelo— y ha pedido a los cabildos que "no confundan" los principios del Estatuto con las competencias que desarrolla la Ley de Cabildos.

Por el Grupo Nacionalista, José Miguel Ruano ha dicho que algunos principios del Estatuto se desarrollarán posteriormente en otras leyes, y ha valorado el trabajo de los cabildos de Tenerife y Gran Canaria por incorporar propuestas al texto.

Según Ruano, es "imprescindible" que Canarias tenga un nuevo Estatuto, tal y como han hecho otras Comunidades, y abogó por "tender la mano" a todos los grupos de la Cámara, especialmente al Grupo Popular, ya que el PP tiene mayoría en las Cortes Generales. "El texto no es nuestro texto, incorpora enmiendas aprobadas por el PP en 2007", ha destacado.

No obstante, ha advertido de que si el PP no se suma al proyecto, los grupos parlamentarios van a seguir con la tramitación.

No se dan las condiciones,

Dice antona

Asier Antona, del Grupo Popular, ha criticado la reforma de la Ley de Cabildos porque "no garantiza" la suficiencia financiera, y sobre el sistema electoral, ha dicho que los grupos que apoyan al Ejecutivo "la frenan" con la reforma del Estatuto.

Además, ha señalado que las condiciones "no son las mismas" que las de 2007 debido a la crisis económica, y ha insistido en que el consenso es "clave" para impulsar una reforma de este tipo, si bien ha advertido de que "no es oportuna ni prioritaria".

Según Antona, las aguas "deben volver a su cauce", a lo que no ayuda, en su opinión, la apelación a la "soberanía compartida" de Paulino Rivero. "El PP habla de la Canarias real", ha señalado, al tiempo que ha pedido "ser más competentes" y no solicitar nuevas competencias.

A la comisión no han asistido los presidentes de La Palma y Fuerteventura, Anselmo Pestana y Mario Cabrera, respectivamente, y el portavoz del Grupo Mixto, Román Rodríguez, por enfermedad.