La Audiencia Nacional absolvió el lunes a los 18 acusados por el caso del supuesto fraude en el cobro de subvenciones europeas en el sector del lino textil, informaron fuentes jurídicas.
La sección cuarta de la sala de lo penal de este tribunal había citado a las 12:00 horas del lunes a los abogados de los procesados, que fueron juzgados entre octubre y febrero pasados, para comunicarles la sentencia.
La Fiscalía Anticorrupción había pedido entre siete meses y tres años de prisión para los acusados del supuesto fraude que, según sus conclusiones, había tenido lugar en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón y Extremadura.
El Gobierno de entonces, excluido Un día después del comienzo del juicio, el pasado 5 de octubre, el tribunal
El fiscal Anticorrupción Juan Pavía mantuvo en sus conclusiones que los imputados incurrieron, al obtener ayudas irregulares de la Unión Europea para la transformación de la planta para su uso textil, en delitos de falsedad en documento oficial o mercantil y fraude de subvenciones.
Esta investigación se inició a raíz de la comunicación a las autoridades españolas, en marzo de 2001, de un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que alertó de las irregularidades.
El fraude en las subvenciones
El informe de Anticorrupción describía de forma minuciosa las actividades presuntamente fraudulentas cometidas por agricultores y empresarios de las comunidades de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón y Extremadura desde la temporada 1997/1998 hasta el inicio de la instrucción del caso, que fue llevado a cabo por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
España comenzó a cultivar lino en 1992 y su extensión de cultivos llegó a las 91.400 hectáreas en la campaña 1997/1999.
Esta situación determinó que la Comisión Europea dictara unas normas para prevenir abusos en el pago de subvenciones.
La inexistencia de legislación comunitaria en campañas anteriores "privó a las autoridades españolas de los indicadores efectivos a posibles fraudes", indicó el fiscal.
Esta situación provocó que los que se estaban aprovechando de las insuficiencias se agruparan para seguir con su "ilícito enriquecimiento patrimonial".
La actividad fraudulenta se instrumentó por empresas transformadoras de varilla de lino textil a través de solicitudes de subvención cumplimentadas por hipotéticos receptores.
En algunos casos los funcionarios autonómicos constataron 'in situ' que el provecho agrario declarado en los documentos oficiales era imposible en tierras yermas.
También las noticias surgidas en los medios de comunicación sobre incendios en transformadoras y su relación con el fraude motivaron las investigaciones de la Policía Judicial.
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