El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente de Jaén, Javier Márquez, ha indicado este lunes que no hace falta realizar "modificaciones puntuales" al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para "regularizar" viviendas en la zona de los Puentes, entre otras razones porque "esa zona no es suelo urbano ni pasa a ser suelo urbano", de modo que "no se puede hacer una modificación de un suelo que sigue siendo no urbanizable".

El edil ha respondido de esta manera en una rueda de prensa a preguntas de los periodistas sobre lo indicado anteriormente por el delegado territorial de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta, Julio Millán, quien ha expuesto que la "legalización" de la zona de los Puentes "queda en suspenso a la espera del informe de riesgo de inundabilidad" que debe acometer la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), de modo que "una vez que esté" dicho documento, "el Ayuntamiento podrá empezar a trabajar en su legalización para que pase a ser suelo urbano, lo que, además, requerirá de una modificación del nuevo Plan General".

Aunque Márquez no sabía "a qué se refiere exactamente" el delegado, ya que, según ha subrayado, la orden con la aprobación parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad por parte de la Junta se había registrado "menos de una hora" antes de la rueda de prensa, el concejal ha insistido en señalar que "no se puede hacer una modificación puntual de un suelo no urbanizable".

En esa línea, ha explicado que esa zona de los Puentes no es como las de los asentamientos urbanísticos de Cerro Molina, La Manseguilla, Tentesón I y II y Bermejales, que "han pasado a ser suelo urbano" y las viviendas ubicadas en ellas "no se regularizan, sino que se legalizan", sino que "las zonas que están en los ríos siguen siendo suelos no urbanizables".

El edil también ha subrayado que una vez que el Ayuntamiento disponga del mapa de riesgos de inundaciones que prepara la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), será el Consistorio la única administración encargada de "la regularización de viviendas", sin que intervenga en ello "ninguna administración" más.

Según el concejal, las cuestiones del nuevo PGOU en las que hay que hacer subsanaciones por parte del Ayuntamiento "son de muy poca entidad", teniendo en cuenta además que el plan general "tiene más de 2.000 folios", y, en todo caso, a la hora de hacer frente a esas cuestiones, el personal de la Gerencia de Urbanismo "se pondrá las pilas" y le dará "prioridad a unas por encima de otras", como sería el caso, según ha puesto como ejemplo, de "la sectorización del centro comercial de Alvores".

"colaboración justita"

El representante del gobierno local ha comenzado su intervención en la rueda de prensa, en la que ha estado acompañado del alcalde, José Enrique Fernández de Moya (PP), y del concejal de Hacienda y Comunicación, Miguel Contreras, señalando que la Junta ha presentado la "aprobación definitiva" del PGOU en el Ayuntamiento "a los cinco meses y un día" de que dispusiera del planeamiento, "como si de una condena se tratase".

En ese sentido, ha criticado que "no se han acortado los plazos" por parte del Gobierno andaluz, cuya colaboración en esta materia no solo ha sido "justita", sino que además "está torpedeando" la aprobación del PGOU, y "por eso ha esperado hasta el día siguiente de cuando tenía que aprobarse" para registrar en el Ayuntamiento la orden de la Consejería.

Así las cosas, y tras incidir además en que desde la Junta "no se han remitido al Ayuntamiento informes desde julio que justificaban determinadas suspensiones de determinadas áreas, y eso que se les han pedido", el concejal ha urgido al Gobierno andaluz a que publique "de manera presta" la orden de aprobación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), para que el planeamiento "entre en vigor".

Al hilo, ha reiterado que "el PGOU lleva aparejadas iniciativas, expectativas empresariales y de vecinos, muchas inversiones", de forma que este asunto "no se acaba aquí", sino que ahora "empieza lo bonito", porque además, según ha subrayado, el proceso de legalización y regularización de viviendas en suelos no urbanizables puede generar trabajo entre colectivos de profesionales como arquitectos o aparejadores, lo cual tiene "mucho más impacto" que el que genere la implantación de "cualquier empresa en la ciudad".