El Consejo de Gobierno ha aprobado un Decreto por el que se establece en la Región de Murcia la regulación para el uso sostenible de los productos fitosanitarios, que se adaptará a la legislación estatal.

Entre las medidas que incluye el texto se encuentra la acreditación de asesores, la formación homologada de profesionales y vendedores, el seguimiento de aplicaciones aéreas de estos productos y la gestión del Registro oficial de productores y operadores.

Se regula así la actividad fitosanitaria, tanto en el ámbito agrario como en otros campos profesionales, cuya competencia ejercerá el departamento de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura y Agua.

Estas medidas también favorecen la implantación de los sistemas de gestión integrada de plagas, que reducen el uso de los productos fitosanitarios químicos.

La defensa fitosanitaria es un valor fundamental en las características de la agricultura murciana para garantizar a los consumidores productos vegetales con una calidad y seguridad alimentaria que supere las expectativas de los mercados.

Por ello, la Región de Murcia fue pionera en el desarrollo y aplicación de estas prácticas de cultivo biológicas y sostenibles a través del Programa 'Murcia, Agricultura Limpia', que comenzó a funcionar hace una década, y que en la actualidad ha permitido reducir en un 40 por ciento el uso de productos fitoquímicos, a través de la implantación generalizada de múltiples experiencias y avances en la gestión integrada de plagas con el uso de productos biológicos, trampas con atrayentes y la liberación de insectos útiles.

De esta forma, el 98 por ciento de las muestras tomadas dentro del Plan Autonómico de Vigilancia de Residuos en la producción primaria se encuentra muy por debajo de los límites legales establecidos por la legislación vigente, y el 60 por ciento está libre de residuos. Este programa ha permitido garantizar los más elevados estándares de calidad y seguridad alimentaria de las cosechas con métodos de defensa fitosanitaria, especialmente en cultivos de cítricos, hortícolas, frutales y vid.

La puesta en marcha de esta norma no supondrá costes adicionales a la Administración regional, ya que será atendido con el personal y los medios actualmente existentes en la Consejería.