La junta de gobierno del Colegio de Abogados de Málaga ha acordado suspender las medidas que se adoptaron el 3 de septiembre de este año en contra de algunas leyes del Ministerio de Justicia "que suponían un retroceso en la Administración" y como protesta ante unas reformas legislativas que entendían que alejaban a la Justicia de la ciudadanía.

Esta decisión se ha adoptado tras la dimisión este martes del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón y el nombramiento de Rafael Catalá Polo como su sucesor, al que han decidido dar "un margen de confianza para retomar el diálogo".

La supresión de la asistencia a imputados no detenidos y a los juicios rápidos sin detenidos, con excepción de los asuntos derivados de violencia de género, todos los jueves, es la medida que se ha levantado tras la decisión adoptada en la sesión de la junta de gobierno ordinaria, según han informado desde la institución colegial en un comunicado.

"Con esta decisión, desde la junta de gobierno buscamos ofrecer un margen de confianza al nuevo responsable del Ministerio, Rafael Catalá, no sólo para poder retomar el diálogo sino también para buscar un consenso entre todos los responsables de la Administración de Justicia. Sobre todo en aquellas normativas que afectan directamente a los derechos de los ciudadanos" ha resaltado el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara.

Aún así, la medida que sí se mantiene es la interrupción del servicio de asistencia jurídica gratuita los jueves, excepto en los casos de vencimiento de plazos judiciales. "Esta decisión se tomó contra el retraso en el pago a los abogados del turno de oficio por parte de la Junta de Andalucía", ha matizado en este sentido el decano.

DEUDAS

Según ha señalado, la Junta de Andalucía mantiene una deuda total con los abogados malagueños que asciende a 4.515.049,5 euros por sus servicios prestados. A 4 de septiembre de 2014, aún debía el primer y segundo trimestre de este año del turno de oficio, lo que son 1.485.133,77 euros y 1.732.808,80 euros, respectivamente.

En cuanto a la asistencia a detenidos, se tiene una deuda, según el Colegio de Abogados, que asciende a 1.297.107,00 euros, un déficit que corresponde al cuarto trimestre de 2013 —458.703,00 euros—, al primer trimestre de este año —418.729,50 euros— y al segundo trimestre —419.674,50 euros—, ha puntualizado.

El Ejecutivo regional también debe a la institución colegial los gastos de funcionamiento de 2014, que ascienden a 194.180,82 euros, correspondientes a 97.090,41 euros del primer trimestre y 97.090,41 del segundo. Además, el Colegio malagueño ha reclamado judicialmente 452.242,78 euros correspondientes a los gastos del año 2012.

"Este retraso en los pagos y la injusta situación que vive la provincia y la Comunidad Autónoma de Andalucía, en general, con respecto a otras zonas de España es inconcebible", ha criticado Lara, quien ha asegurado que seguirán "protestando y tomando medidas" contra "el trato que reciben los abogados del turno de oficio por parte de la Junta de Andalucía", ha concluido.

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