La Defensora del Pueblo ha planteado este martes en el Congreso que la baja de una línea telefónica pueda hacerse efectiva desde el momento de la solicitud y que las compañías deben respetar la negativa de los usuarios a recibir llamadas publicitarias.

También ha pedido que se extienda la banda ancha y se aumente la velocidad mínima de conexión a Internet en todo el país. Así lo ha dicho durante la presentación del informe Telecomunicaciones: demandas y necesidades de los ciudadanos, publicado el pasado mes de julio, en la Comisión Mixta parlamentaria encargada de la materia.

Soledad Becerril ha recordado también que todos los móviles, aunque los 'regalen', cuentan con una garantía a la que tiene derecho el usuario y ha dicho que hay que velar porque no haya "publicidad engañosa" y que las condiciones se ciñan a lo que se ofrece un contrato; "no puede haber claúsulas también en esta materia", ha añadido.

El informe propone también que en la formalización de las contraofertas, después de que un usuario haya anunciado que quiere marcharse de la compañía telefónica, y ésta le haga una oferta, el  cliente cuente con toda la información necesaria y, para formalizar el acuerdo, tenga que remitir la copia firmada a la compañía o responda al correo electrónico manifestando su conformidad.

En 2013 se presentaron ante esta institución 559 quejas relativas a las telecomunicaciones, la mayor parte, sobre "facturación y dificultad para dar de baja los servicios contratados, así como por la prestación del servicio universal". A nivel global, entre enero y junio de 2014 se han contabilizado 12.255 expedientes de queja, en su mayoría sobre la actividad económica, tributos, urbanismo, barreras arquitectónicas y política social; la Defensoría ha emitido 691 resoluciones.

En materia de protección de datos, el informe propone también que las compañías informen al receptor en las llamadas publicitarias sobre su derecho a conocer la fuente que ha facilitado sus datos. También, que las páginas web incluyan una sección en la que los interesados puedan ejercer el control sobre sus datos.

"Uno de los asuntos que son motivo de una mayor atención, en los últimos años, es el precio de las llamadas telefónicas a los servicios de atención al cliente de las compañías. La nueva ley insiste en el carácter gratuito de este tipo de llamadas, una vigilancia eficaz tiene que lograr su efectivo cumplimiento", refleja el trabajo.

Por ello, el estudio contiene recomendaciones realizadas tras la aprobación, el pasado 9 de mayo, de la Ley General de Telecomunicaciones, y reclama que la administración vele por que los operadores de telecomunicaciones ofrezcan información "clara y suficiente" a sus clientes a la hora de facturar sus servicios.

La Defensoría alerta de que las desigualdades geográficas, sociales y económicas tienen su reflejo en esta materia, como ha venido ocurriendo siempre, con todas las formas de comunicación y hay zonas con dificultades para obtener la instalación de la telefonía fija, áreas sin cobertura de telefonía móvil y con escasa penetración de la banda ancha.

Becerril ha pedido, además, que se refuercen los filtros en Internet en relación a su uso por parte de los menores de la Red y cree que se debería lograr, en este sentido, "un sistema de identificación obligatoria en las comunicaciones". Asimismo, considera importante "establecer mecanismos de denuncia rápida para prevenir los delitos en la Red".

Por otro lado, Becerril ha informado de que la Defensoría ha puesto en marcha un nuevo servicio online que permite a los ciudadanos consultar el estado de sus quejas. La nueva web, disponible desde hoy para todos los expedientes iniciados desde el 1 de enero, permite seguir los pasos y fechas de las actuaciones del Defensor, conocer la administración o el organismo del que se espera respuesta, y el sentido de la misma.

La persona o personas que se dirijan al Defensor del Pueblo encontrarán en la web de la institución presentada el modo de acceder, mediante su propia clave, a sus documentos desde cualquier lugar y en cualquier momento del día.

Las comunicaciones entre el Defensor y los organismos públicos no están accesibles ya que están sometidas al deber de reserva que establece la Ley Orgánica que regula el funcionamiento de la Institución (art. 22.2 LO 3/1981, de 6 de abril), según ha recordado Becerril.

"La información transmitida de esta manera requerirá un esfuerzo de todas las administraciones y organismos, incluido el Defensor del Pueblo, para informar de forma clara y en tiempo razonable de aquello por lo que una persona se haya interesado", ha añadido. A juicio de Becerril, con este servicio la institución da un paso más en su defensa de la transparencia.

El Defensor del Pueblo ha sido pionero en esta materia y ha aplicado a su web los criterios establecidos por la organización Transparencia Internacional. Así, ésta incluye un apartado en el que se detalla la gestión presupuestaria de la institución, contratos, convenios y viajes oficiales. Asimismo, la institución cuenta con el teléfono 91 432 79 00 para resolver cualquier duda de los ciudadanos con respecto a sus quejas.

Por otra parte, Becerril ha destacado la buena acogida de las recomendaciones contenidas en el estudio "Viviendas protegidas vacías", según el cual, en 2013 existían más de 10.000 viviendas públicas desocupadas y disponibles para ser habitadas.

Las propuestas realizadas por la institución están sirviendo a las administraciones, según Becerril, de punto de referencia para revisar la manera de gestionar las viviendas protegidas. Ha recordado que el Ministerio de Fomento incluyó recomendaciones en el Plan Estatal sobre Vivienda y Rehabilitación 2013-2016, aprobado en julio de 2014, como el apoyo a la vivienda en alquiler y la posibilidad de recalificar viviendas protegidas en venta para su puesta en alquiler.

El estudio se realizó con información de todas las comunidades, Ceuta, Melilla y diez ayuntamientos de capitales con población superior a 350.000 habitantes. Becerril ha avanzado que todas las comunidades han adoptado medidas para aumentar la eficacia de su gestión, y que muchas cuentan con un plan de inspección y con un Registro de Viviendas, de acuerdo con lo recomendado.