El conflicto surgió al cambiar de manos la presidencia, porque el letrado exigió por primera vez a los propietarios (inmigrantes, pensionistas y gente con pocos recursos) una reserva del 5% del presupuesto anual. O lo que es lo mismo, 14.904 euros de los 298.097 del total.

Esta medida movió a la asamblea a subira la cuota mensual, que se disparó un 21%, o sea, 8,55 euros más sobre los 39,07 que venían pagando, «algo muy grave para la gente que vive aquí», según un vecino, M. A.

Además de imponer este fondo de reserva, el abogado y el ex presidente demandaron a la comunidad por haber destituido al primero de ellos. Ahora, la jueza ha desestimado la denuncia y les condena a pagar las costas.

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«Me destituyeron sin pagarme»

El abogado Vicente Mollá no quiso comentar la sentencia, que recurrirá ante la Audiencia Provincial. «Me destituyeron sin pagarme los honorarios, después de haber trabajado antes gratis durante un año; y cuando entré, la comunidad tenía un agujero de 56 millones de pesetas y ahora un superávit de 30». El abogado achacó la pugna «a los antiguos deudores» de la comunidad, a los cuales reclamó hasta en seis juicios.