Crearán una Unidad de trabajo para la lucha contra la economía irregular y el empleo sumergido

El Consejo de Gobierno ha autorizado un convenio entre la Comunidad, a través de la Consejería de Presidencia y Empleo, y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en materia de lucha contra la economía irregular y el empleo sumergido.

El Consejo de Gobierno ha autorizado un convenio entre la Comunidad, a través de la Consejería de Presidencia y Empleo, y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en materia de lucha contra la economía irregular y el empleo sumergido.

Para ello, se adoptarán medidas entre las que se incluye la creación en la Región de una Unidad o grupo mixto de trabajo del que formarán parte personal del Ministerio y de la Comunidad.

Estos profesionales estarán especializados en la investigación, examen de bases de datos, diseño de nuevas técnicas y planificación de medidas de lucha contra la economía irregular y el empleo sumergido.

Esta Unidad tendrá acceso tanto a las bases de datos del Ministerio como de la Comunidad, y también a los datos que suministren los ayuntamientos que han suscrito convenios en esta materia.

Asimismo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social participará en las actuaciones de control que desarrolle la Consejería de Presidencia y Empleo en materia de sus competencias de ejecución de la legislación laboral.

El convenio contempla, asimismo, la elaboración de un plan integrado de actuación inspectora en los sectores de actividad o empresas que se determinen, combinando, en su caso, las visitas y los controles.

Con estas medidas, el Gobierno regional trata de salvaguardar los derechos sociales y laborales de los trabajadores, así como la competencia en igualdad de condiciones entre las empresas y el reparto equitativo de las cargas fiscales. Esta iniciativa se enmarca, además, en la Estrategia para la Creación de Empleo de la Región de Murcia, que se centrará en la calidad en el trabajo y la protección de los derechos de los trabajadores.

El trabajo no declarado genera una situación de competencia desleal que perjudica gravemente a los trabajadores, que pierden todas sus garantías laborales y derechos sociales.

Además, esta práctica afecta a la gran mayoría de las empresas que actúan en el marco de la legalidad y dificulta la recuperación económica de la Región.

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