El decreto del Gobierno de Canarias que desarrolla el procedimiento de consultas populares como la que pretende convocar este otoño sobre el petróleo deja a criterio del presidente de la comunidad autónoma, en este caso Paulino Rivero, rebajar la edad de los participantes a los 16 años. El portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, ha explicado en rueda de prensa que el Consejo de Gobierno ha acordado esta tarde remitir a su Consejo Consultivo el proyecto de decreto por el procedimiento de urgencia, lo que le obliga a emitir su informe en 15 días.

El decreto confiere al presidente del Gobierno de Canarias la potestad de fijar la fecha de la consulta y de decidir "los términos exactos de la pregunta o preguntas directas" que se plantearán.

La normativa que regulará las consultas populares en Canarias determina que, en el decreto de convocatoria de la consulta, el presidente del Gobierno concretará a la edad a partir de la cual se puede participar en ella, "no siendo inferior a los 16 años, salvo para aquellas consultas que versen sobre asuntos de juventud, en los que podrá establecerse a partir de los 14", ha explicado Marrero.

La consulta se realizará tanto de forma presencial como telemática, a través de una aplicación informática que se está desarrollando, y en ella también podrán participar personas jurídicas que se inscriban con antelación en el Registro de Participación Ciudadana.

Según el portavoz del Ejecutivo canario, los 16 años son "una edad que se establece en distintas normas de los reglamentos jurídicos vigentes en España". Por ejemplo, ha precisado, los ciudadanos mayores de 16 años pueden prestar su consentimiento a un tratamiento médico, casarse y emanciparse y participar en el mercado laboral. Por tanto, ha continuado, el Gobierno canario ha entendido que teniendo todos estos reconocimientos, "los mayores de 16 años pueden participar perfectamente en las consultas que convoque éste o próximos gobiernos de Canarias".

Respecto a la cantidad de población que podrá participar en la consulta, ha señalado que el Ejecutivo no dispone de un censo previo de la población y ha detallado que para que un ciudadano pueda dar su opinión tendrá que acreditar su edad mediante en DNI y su residencia en la comunidad autónoma.