El Supremo pregunta a Fiscalía si debe admitir la investigación de los aforados del 'caso ERE'

  • La Sala de lo Penal ha designado ponente del asunto al magistrado Miguel Colmenero.
  • Conde-Pumpido se abstiene en el caso porque lo conoció siendo fiscal general
  • Al escrito del juez, de más de 300 folios, se suman 20 tomos del total que integran el sumario.
La jueza Mercedes Alaya ha sido apartada del 'caso de los ERE' por el TSJA.
La jueza Mercedes Alaya ha sido apartada del 'caso de los ERE' por el TSJA.
EFE

El Tribunal Supremo ha dado traslado a la Fiscalía de la exposición razonada que le remitió la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada del caso de los ERE supuestamente fraudulentos, en cuanto a los aforados en la causa, entre los que se encuentran los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre otros.

La Sala de lo Penal ha pedido informe sobre competencia y fondo, al tiempo que ha designado ponente del asunto al magistrado Miguel Colmenero, de acuerdo al turno preestablecido en la Sala, según informaron fuentes del alto tribunal.

La resolución está firmada por el presidente de la Sala, Juan Saavedra, y los magistrados Colmenero y José Manuel Maza, integrantes de la Sala de Admisión.

Ahora, el Ministerio Público deberá informar si es partidario de que el Supremo asuma toda la causa, la parte contra los nueve aforados o remitirla de nuevo a Alaya.

La exposición razonada remitida al Tribunal Supremo por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya en relación con el caso de la trama de tramitación irregular de ERE en Andalucía se refiere a un total de nueve exaltos cargos aforados, al sumarse a los siete "preimputados" inicialmente por la magistrada los exconsejeros de Presidencia Gaspar Zarrías y Mar Moreno, según fuentes jurídicas confirmadas.

El escrito de la juez, de más de 300 folios, al que se suman 20 tomos del total que integran el sumario, así como diversa documentación digitalizada y audiovisual. Con independencia de si el material remitido por Alaya supone o no la integridad de la causa de los ERES, cuya instrucción afecta a casi 200 imputados y se abrió hace más de tres años, será la Sala de lo Penal la que decida, en el caso de ver indicios de delito sobre alguno de los aforados, si se queda con todo el procedimiento o únicamente con la parte referida a estas personas.

"Preimputados"

Los "preimputados" por la juez de Sevilla que responden directamente ante el Supremo serían en principio los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, diputado y senador respectivamente; a los que se sumarían los también miembros electos del Congreso de los Diputados José Antonio Viera y Gaspar Zarrías. '

Otra decisión a adoptar también por el Supremo, según las mismas fuentes, sería la de arrastrar con los anteriores a la investigación en este órgano de los otros cinco exconsejeros "preimputados", que en principio deberían responder ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA): Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Ávila, Manuel Recio y Mar Moreno.

Esta última, consejera de Presidencia entre 2010 y 2012, tampoco estaba entre los siete aforados señalados inicialmente por Alaya.

En todo caso será la Sala de lo Penal la que adopte todas estas decisiones por encima de la opinión de la magistrada, que ya ha manifestado en varias de sus resoluciones su negativa a que la causa sea troceada en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción.

Cándido Conde-Pumpido

Por otro lado, el magistrado del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido ha pedido ser apartado de la sala de admisión que tiene que decidir si acepta investigar el caso de los ERE en Andalucía en relación a nueve aforados, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Conde-Pumpido ya ha anunciado al presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, su intención de presentar su abstención formal en los próximos días, alegando que cuando dirigía la Fiscalía General del Estado firmó -el 23 de marzo de 2011- el decreto por el que se asignó a la Fiscalía Anticorrupción la investigación del caso de los ERE, han informado fuentes jurídicas.

El exfiscal general entró a formar parte de la sala de admisión de causas especiales en el TS, dependiente de la Sala de lo Penal, el pasado 1 de julio (la exposición razonada al Supremo del caso de los ERE llegó el 12 de agosto) y estaba prevista su permanencia en ella hasta el 30 de septiembre.

 

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