La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó el miércoles con el respaldo de todos los grupos políticos salvo el Partido Popular el informe que denuncia los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana, Madrid y Almería.

El informe reclama que se creen comisiones independientes para mediar en disputas sobre proyectos de urbanización y que se compense adecuadamente a los propietarios perjudicados.

El 'no' del PP

El popular Iturgáiz consideró que el informe sólo intenta desgastar al Gobierno del PP en Valencia
El PP votó 'no' después de que el presidente de la comisión y coautor del informe, Marcin Libicki, rechazara su petición de retrasar la votación para poder presentar nuevas enmiendas a un texto "con el que básicamente estamos bastante de acuerdo", según dijo el eurodiputado, Luis Herrero.

Más duro se mostró el parlamentario popular Carlos Iturgáiz, que rechazó de plano el informe al considerar que su único objetivo es "intentar desgastar al Gobierno del PP en Valencia".

El informe ha sido elaborado por la delegación de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que visitó entre el 27 de febrero y el 3 de marzo pasados Almería, localidades de la sierra de Madrid y de la Comunidad Valenciana para ver sobre el terreno los abusos urbanísticos que desde hace años han denunciado miles de ciudadanos españoles y de otras nacionalidades.

Es el tercero que denuncia abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana desde el año 2003 y el primero que habla de otras regiones.

15.000 denuncias por abusos en Valencia

El otro ponente del texto, el laborista británico Michael Cashman, hizo traer a la sala donde se celebraba la reunión de la comisión de Peticiones dos grandes baúles que contenían las "15.000 peticiones" recibidas de ciudadanos europeos por abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana para demostrar que no son "una invención" como sostiene el Gobierno valenciano.

Estos abusos son más comunes en la región de Valencia que en ningún otro lugar
Asimismo, explicó que siguen llegando denuncias y que durante su visita le entregaron otras 60 que "describen los desproporcionados sueños urbanos de los urbanizadores que se han convertido en pesadillas para los ciudadanos".

Estos problemas "son más comunes en la región de Valencia que en ningún otro lugar", opinó el coautor del informe.

Almería y Madrid

Las críticas de Cashman se centraron en el caso de la Comunidad Valenciana y fueron mucho más benévolas para Almería o Madrid.

En el primer caso destacó que, aunque la visita de los parlamentarios coincidió con el día de Andalucía y era una jornada festiva, representantes del Gobierno regional en la provincia aceptaron reunirse con la delegación "para discutir las leyes urbanísticas andaluzas y su aplicación en varios municipios y el tema de la compra legal de edificios ilegalmente construidos".

Sobre su visita a Madrid, el eurodiputado destacó que fue recibido también por las autoridades regionales y que la misión visitó Torrelodones y Galapagar , localidades de las que habían llegado quejas al Parlamento.

La misión expresó a las autoridades madrileñas su "preocupación" por el impacto de los programas de urbanización en los espacios protegidos por la red Natura 2000 en el río Guadarrama y por los problemas de tratamiento de aguas residuales.

Recomendaciones

Para resolver estos abusos, la comisión de Peticiones aprobó un catálogo de recomendaciones. Entre estas, figuran:

  • Que el Gobierno y las autoridades regionales reconozcan el derecho legítimo de las personas a su propiedad legítimamente adquirida.
  • Que estos definan de manera precisa el interés general que puede justificar una apropiación.
  • Creación de comisiones especiales, con la participación de los defensores del pueblo regionales, que tengan un poder de arbitraje en las disputas sobre proyectos de urbanización, y a los que puedan acceder de manera gratuita los afectados.
  • Cuando haya que otorgar una compensación por la pérdida de propiedad, se haga a un nivel adecuado que se ajuste a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, y exige a la Comisión que investigue cualquier denuncia.