El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, ha calificado de "ridícula" la cifra interpuesta por el Ministerio de Industria a Repsol en cuanto a la garantía financiera y al seguro de responsabilidad civil para los sondeos exploratorios autorizados este miércoles a la petrolera en aguas cercanas a Canarias y que ascienden a un total de 60 millones de euros.

"Se trata de una cifra ridícula que supone únicamente un 0,4 por ciento de los daños que causó el hundimiento de un solo barco —en relación al Prestige—. Con 20 millones de euros —de garantía financiera— o 60 millones de euros —que es el total con los 40 millones de euros del seguro de responsabilidad financiera—, no se compra a los canarios", apostilló en declaraciones a los medios.

Cabrera indicó que "tristemente" se vuelve a ver como el Ministerio de Industria "deja a la sociedad canaria totalmente al margen y absolutamente desprotegida ante las consecuencias que conllevaría un vertido".

El presidente de Fuerteventura, a modo de ejemplo, compara el vertido del Prestige con la posibilidad de que se produjera uno en aguas cercanas a Canarias, matizando que el del Prestige "provino de un único barco, que se hundió a una distancia de 250 kilómetros de las costas de Galicia, mientras que en Canarias se perforará a 50 o 55 kilómetros de Fuerteventura y Lanzarote".

Por otra parte, lamentó que el ministro de Industria, José Manuel Soria, crea que "en Fuerteventura y Lanzarote pueden vivir sin agua, porque no es así", ya que recordó que ambas islas dependen al 98 por ciento del agua de mar desalada. Asimismo, aseguró que "todos" los informes técnicos "coinciden en que en caso de vertido habría que suspender la producción de agua para no dañar la maquinaria de producción".

"el procedimiento es un paripé"

En cuanto a que la publicación de la autorización definitiva a Repsol se haya producido en el mes de agosto, consideró que "se demuestra una vez más que todo el procedimiento es un paripé", así como que se trata de "una agenda predefinida y perfectamente calculada".

Finalmente, aseguró que el Cabildo no ha obtenido respuesta a sus alegaciones, en las que dijo se "evidenciaban la incompatibilidad" del proceso con cuatro directivas europeas, así como el "incumplimiento directo de cuatro leyes españolas y otra directiva europea".