Enrique Castillo
Enrique Castillo es el presidente de la Asociación de Padres por la Gestación Subrogada. .

Le llamamos vientre de alquiler, pero no es la denominación correcta.Y el nombre que le damos a las cosas es determinante, tanto, que adjetiva al sujeto. Enrique, junto a otros 180 socios, ha constituido en Barcelona una asociación para luchar por el reconomiento de hijos nacidos mediante gestación subrogada. Explica que no es adecuado hablar de madre de alquiler, puesto que "yo alquilo un coche, o un piso de veraneo, pero no una persona", y sigue "de hecho, la madre gestante tampoco es madre, puesto que no comparte material genético con el feto. Es mejor decir gestación subrogada."

Debido a que la gestación por subrogación es ilegal en España se lleva a cabo mediante agencias que contactan con madres gestantes de otros países. Uno de los objetivos de la Asociación es la legalización de esta práctica, aunque admiten que no va a ser una lucha fácil de ganar. "Si al actual Gobierno no le hace gracia que las parejas homosexuales adopten, imagínate que tengan hijos. No olvidemos que tenemos un Ministro del Opus Dei", destaca Castillo. Iolanda Anglès, madre de un niño concebido con este método, coincide con Castillo: "Es muy injusto, debería considerarse como una técnica más de reproducción asistida", denuncia Anglès, "debería estar regularizado, cada día más gente lo hace".

Al Gobierno no
le hace gracia
que las parejas homosexuales adopten; menos aún que tengan hijos"
La Asociación de Padres por la Gestación Subrogada quiere que se reconozca la nacionalidad española de los niños nacidos por este método, y algo más. Hoy en día solo se inscribe al hombre donante del esperma como padre, mientras que  "la esposa o pareja tiene que hacer el proceso de adopción", algo que consideran injusto.

El temor de Castillo y de sus asociados es que el proyecto de ley que prepara el Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón les quite ese pequeño resquicio al que acogerse para inscribir como español al niño a todos "los que hagamos el proceso fuera de Estados Unidos, único país que firma una sentencia judicial reconociendo a los padres."

El proceso dista mucho de ser accesible para todas las economías familiares. En Estados Unidos puede llegar a costar hasta 200.000 euros, debido a que la sanidad es privada, "aunque lo normal es que oscile entre los 50.000 y 80.000  en México, por ejemplo." En el caso de Anglès, tuvieron que pedir un crédito al banco y ampliar la hipoteca para poder hacer frente a algo que es un derecho para todos, pero desgraciadamente un lujo para algunos: ser padres.