Las comunidades autónomas gobernadas por el PP se muestran reacias a convocar una Conferencia de Presidentes para hablar de financiación autonómica, como han reclamado los presidentes de Andalucía, Canarias y Asturias.

La jefa del Gobierno andaluz, Susana Díaz, y el del Ejecutivo canario, Paulino Rivero, han exigido esa convocatoria para abordar la renovación del sistema de financiación autonómico y la reforma fiscal, que a su juicio perjudica gravemente y pone en peligro los servicios públicos al disminuir sus ingresos.

Una demanda a la que se ha sumado el presidente asturiano, Javier Fernández, quien ya pidió esa convocatoria el año pasado por carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Esas peticiones se produjeron casi al mismo tiempo en que se conocía el informe del Ministerio de Hacienda que agrupa los estudios en los que las quince comunidades del régimen común avisan de que no reciben suficientes fondos para financiar los servicios públicos esenciales.

Entre ellas, autonomías gobernadas por el PP, como Madrid, Murcia o la Comunidad Valenciana, que quieren que el modelo de financiación se reforme cuanto antes, algo descartado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien ha pospuesto este debate hasta la aprobación de la reforma fiscal y hasta que el clima político sea más adecuado.

Es decir, hasta después de las elecciones autonómicas de 2015, según ha vaticinado esta semana la presidenta aragonesa, Luisa Fernanda Rudi, quien ve "difícil" que la reforma se aborde antes y admite que una precampaña electoral "no es el mejor momento" para hablar de esta cuestión.

Los gobiernos de Madrid y de la Comunidad Valenciana, pese a su urgencia por reformar el modelo, tampoco son partidarios de convocar a los presidentes. El portavoz del Ejecutivo de Madrid, Salvador Victoria, considera que el Consejo de Política Fiscal y Financiera debe ser el "foro" donde se realicen los trabajos para revisar la reforma del sistema de financiación, cuya modificación reclama desde "hace tiempo" su Gobierno. Victoria sostiene que el actual modelo "caducó" el pasado 31 de diciembre y que se debe revisar conforme a la ley. El nuevo, en su opinión, debe premiar a los que cumplen el objetivo de déficit y no castigarles en beneficio de aquellos que lo incumplen.

También el Gobierno valenciano plantea que es en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se negociará el nuevo sistema y avanza que en el próximo, que se celebrará antes de final de mes, se pondrán en común los informes de evaluación del modelo presentados por todas las comunidades. El Ejecutivo de Alberto Fabra espera que en breve se conozcan las balanzas fiscales, en las que espera que quede patente la "infrafinanciación" de la comunidad, que cada año destina 10.000 millones a sanidad, educación y prestaciones sociales y recibe 8.200 millones de euros del modelo de financiación.