El consejero de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, ha avanzado este viernes que, si el Gobierno aprueba el decreto para que Hacienda retenga dinero a la Generalitat para pagar el coste de escolarizar en castellano, el ejecutivo catalán la recurrirá porque es "absolutamente ilegal".

Homs se ha referido así, en una entrevista en Catalunya Ràdio, a la posibilidad de que el Consejo de Ministros apruebe un decreto que autorice a Hacienda a retener el dinero a la Generalitat de la financiación autonómica para pagar el coste de escolarizar en castellano a las familias que así lo deseen en el caso de que no lo garantice el gobierno catalán en su sistema público de enseñanza.

El consejero ha denunciado que esta medida constituye "un abuso de poder" con el que el Gobierno quiere, a su juicio, "confiscar la autonomía", por lo que ya ha avanzado que la recurrirán. Además, Homs ha advertido al Gobierno de que quiere hacer algo para lo que no hay oferta en Cataluña, porque no hay una escuela que enseñe en castellano "en cada esquina". Además, ha acusado al Ejecutivo central de "plantar la semilla de la discordia y de la división" en Cataluña con una medida que cuestionan el sistema de inmersión lingüística.

Por su parte, la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, ha confirmado que el Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional dicho decreto tachándolo de  "multa" y ha avisado al presidente del Gobierno esto es "visto como un acto muy autoritario que lleva a los peores años de la persecución de la lengua". Por otro lado, el portavoz del PPC en el Parlament, Enric Millo, ha acusado a la consellera de iniciar una "campaña sucia y de difamación" contra los populares por decir que buscan separar a los niños por razón de lengua, y ha añadido que "lo que no es aceptable en democracia es que, para defender las propias ideas, deba inventar ideas de los demás. Hoy la consejera ha mentido públicamente y le pedimos que rectifique y que pida disculpas por la mentira".

ante una ofensiva legislativa, pero también ante una ofensiva de modeloEl Govern alega que este decreto afecta a las competencias de la Generalitat, dado que "modifica la LOFCA por la puerta trasera", añadiendo que es una norma "de difícil por no decir imposible aplicación en Cataluña". Rigau ha acusado al gobierno español de imponer una visión pedagógica que "contradice el Estatut y la LEC" y que además parte de la base de que "si el Gobierno no hace lo que ellos consideran que se debe hacer, establecen una multa" y retiran la financiación de una plaza escolar.

A su juicio, detrás del decreto se esconde la voluntad política de "establecer la doble línea en Cataluña". Rigau ha asegurado que así lo explicitó la diputada del PPC María José García Cuevas el jueves cuando consideró que debe haber una línea de inmersión y otra en bilingüe, separando así los niños por razón de la lengua. "Estamos ante una ofensiva legislativa, pero también ante una ofensiva de modelo", concluyó en declaraciones en el Parlamento.

Rigau ha insistido en que el castellano está presente en la escuela catalana, que se evalúa con el mismo rigor que el catalán y que la proporción viene determinada por cada proyecto educativo, según la realidad sociolingüística. "Nosotros no trabajamos ni con porcentajes ni con horas", indicó.