El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, ha confiado este viernes en que lograrán "abrir brecha" en la tramitación de la Ley de Seguridad Ciudadana en el Congreso o en el Senado para que sus peticiones y alegaciones sean incluidas o, en caso contrario, ha avanzado que intentarán que quienes tienen la competencia "interpongan un recurso de inconstitucionalidad".

En rueda de prensa en Zaragoza, con motivo del Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, Carlos Carnicer se ha referido a este proyecto de ley, que aprobará este viernes el Consejo de Ministros, para insistir en que "si en el Congreso no conseguimos abrir brecha, lo intentaremos en el Senado y si allí tampoco, porque el rodillo es mucho rodillo", promoverán el recurso de inconstitucionalidad.

Aunque ha admitido que "no he tenido tiempo de ver" cuántas alegaciones planteadas por el Consejo General de la Abogacía Española se han incluido en el texto, "espero que muchas", ha indicado, al comparar esta ley con la lucha que han mantenido contra las tasas judiciales.

En el caso de las tasas, "por desgracia adivinamos casi perfectamente cómo se iba a desenvolver" y sigue siendo "difícil" explicar a los clientes de los abogados lo que son las tasas. Con la Ley de Seguridad Ciudadana, el CGAE también ha expresado su "abierta oposición" y, por este motivo, desean incorporar sus propuestas antes de que el texto llegue al Boletín Oficial del Estado.

Carnicer ha observado que han planteado numerosas alegaciones y ha señalado que "comprendemos que somos muy molestos porque denunciamos lo que pasa en Ceuta y Melilla, pero nuestra obligación es denunciar cualquier tipo de injusticia".

"patada al estado de derecho"

En este punto, el decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán, ha advertido de que el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana reducirá la capacidad de trabajo de los jueces, al convertir los pequeños delitos en faltas administrativas, que quedarán bajo el control de la administración y, en caso de que el ciudadano desee recurrir tras haber pagado la falta, tendrá que afrontar también las tasas judiciales, ha comentado.

Así, ha opinado que a los responsables políticos "no les gusta" que protestas como las ocurridas ante el parlamento catalán o la que está llevando a cabo un profesor ante el domicilio de la consejera aragonesa de Educación, Dolores Serrat, queden por decisión del juez en penas "mínimas" o terminen con la "absolución" de los implicados.

Así, quieren "controlar" estas situaciones "relegando del ámbito penal, del control de los jueces, las faltas que pasarán a infracción administrativa", ha insistido Morán. En este punto, Carnicer ha agregado que se está propinando "una patada al Estado de Derecho entero".

"esperamos un fallo favorable"

Carlos Carnicer ha insistido en que defenderán sus propuestas para intentar convencer a los políticos, si bien "el rodillo da pocas opciones" y ha recordado que en el caso de las tasas judiciales, aprobadas en cinco días en el Congreso y Senado, lograron reducir las tasas, "aunque no lo suficiente".

En todo caso, sí que consiguieron que cinco Comunidades autónomas, entre ellas Aragón con el gobierno PP-PAR, interpusieran un recurso de inconstitucionalidad, como también la mayoría de la oposición en el Congreso, y "esperamos que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el fallo y que sea favorable".

En la Comunidad aragonesa, el PAR "dio una batalla considerable" y el Consejo de la Abogacía Española ha estado dos años peleando contra las tasas, una situación que se puede reproducir con la ley de seguridad ciudadana, por lo que "vemos a intentar que se nos oiga y se nos deje comparecer", ha insistido Carnicer.

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