La Comisión Europea ha enviado este jueves un dictamen motivado a España en la que exige que se modifique la normativa de Castilla y León para poner fin a la desigualdad de trato entre los prestadores de servicios de transporte escolar en esa comunidad autónoma.

Con la normativa vigente, los operadores que ya ofrecen servicios de generales de autobuses públicos reciben un trato preferencial cuando se convocan licitaciones para la prestación de transporte escolar.

"Esta ventaja infringe claramente el principio de no discriminación y de igualdad de trato de todos los licitadores participantes en procedimientos de licitación, y es contraria a lo dispuesto en la directiva sobre contratación pública y en el reglamento sobre las obligaciones de servicio público en el transporte terrestre", según ha denunciado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Los criterios de adjudicación del contrato deben ser, según Bruselas, la oferta económicamente más ventajosa o la que ofrece un precio más bajo, independiente de los demás contratos de servicios de transporte en curso.

Las autoridades españolas disponen ahora de un plazo de dos meses para corregir la legislación. En caso contrario, la Comisión podría llevar el expediente ante el Tribunal de Justicia de la UE.