La Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) ha rechazado la propuesta de cánones para 2015 presentada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en la Junta de Explotación del Guadalquivir Medio, celebrada este miércoles en Córdoba, y ha anunciado que los volverá a recurrir ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía.

Según señala Feragua en una nota, dicha propuesta sigue la misma línea de los cánones de 2013 y 2014, los cuales fueron ya recurridos por Feragua, pues contemplaban una subida del 30 por ciento de las tasas imputadas a los regantes, resultado de la repercusión de los costes de explotación de la Breña II y Arenoso, que suponen casi 20 euros por hectárea adicionales.

Ha subrayado que se trata de una subida "completamente insostenible" para el regadío y ha exigido al Ministerio que rectifique y elimine la intermediación de Acuaes, la antigua Acuavir, en la explotación de estos embalses, intermediación que solo provoca un encarecimiento artificial del coste de explotación y de mantenimiento de medidas medioambientales que soportan los usuarios.

La organización de regantes estima que una gestión directa por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con sus propios recursos y equipos, permitiría reducir el canon a una tercera parte, pues permitiría ampliar el periodo de amortización de 25 a 50 años, como ocurre en todas las presas estatales, que se amortizan en 50 años según la Ley de Aguas.

Y por ello, Feragua viene solicitando de manera reiterada al Ministerio que encargue la gestión de estas presas a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, una petición que "no ha sido hasta ahora atendida", después que se haya demostrado que la explotación de la CHG puede abaratar los costes de explotación de la Breña II y Arenoso en más de 500.000 euros por año.

Sin embargo, el Ministerio de Agricultura que se comprometió con Feragua en febrero pasado a asignar la explotación de estos embalses a la alternativa economía más favorable, en mayo decidió, incumpliendo su compromiso con Feragua, dejar la explotación de ambas presas en manos de la sociedad estatal Acuaes.

Para Feragua, no tiene sentido alguno mantener los altos costes de una empresa estatal "ineficiente, perjudicando significativamente la competitividad del regadío y poniendo en peligro la propia viabilidad económica de las explotaciones, que están sufriendo además unas insoportables tarifas eléctricas y unos precios bajos de los productos agrarios".