La Dirección General de Comercio de la Junta ha resuelto trasladar a la Cámara de Cuentas de Andalucía la denuncia presentada en su día por los vocales adscritos a Comercio Córdoba sobre supuestas irregularidades en la gestión de fondos públicos percibidos por la Cámara de Comercio cordobesa, de las que presuntamente serían responsables su presidente, Ignacio Fernández de Mesa, y otros miembros del comité ejecutivo.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Junta, ha determinado no intervenir la cámara, al entender que "no ha quedado acreditada la imposibilidad de funcionamiento de los órganos de gobierno", ni la comisión de "transgresiones al ordenamiento jurídico que se pudieran considerar graves o reiteradas".

Es decir, no aprecia las circunstancias previstas en la Ley "para proceder a la suspensión de los órganos de gobierno" y el nombramiento de una comisión provisional.

Sin embargo, la Junta ha decidido derivar a la Cámara de Cuentas la denuncia de Comercio Córdoba, pues ve "conveniente" poner los hechos denunciados en conocimiento de este órgano para que valore "la conveniencia del estudio y análisis de los fondos públicos" recibidos por la Cámara de Comercio.

La Consejería de Turismo y Comercio ha recordado, además, que su función "fiscalizadora", como Administración tutelante de la Cámara "no alcanza" a la gestión ordinaria de esta entidad, lo que implica que la Junta no entra en la valoración del día a día de la gestión del presupuesto, pues su papel se limita a "otros aspectos de carácter presupuestario y contable", como son la liquidación de las cuentas, el balance anual y el informe de auditoría.

Es en este ámbito en el que, según recoge la resolución, "no se ha detectado ninguna irregularidad" y, aún así, la Administración autonómica advierte que la institución cameral "recibe fondos públicos" y por eso remite la denuncia de Comercio Córdoba a la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Fue la patronal Comercio Córdoba, a través de uno de sus vocales en la Cámara, Alfonso Alcaide, la que denunció ante la Junta que se había vulnerado el funcionamiento democrático en la institución cameral y no se respetaron los derechos de los vocales que pidieron un Pleno extraordinario de la Cámara para exigir explicaciones sobre la gestión de Fernández de Mesa. Comercio Córdoba pidió que se suspendiera "la actividad de la Presidencia y del comité (ejecutivo), al haberse transgredido el ordenamiento de forma grave y reiterada".

En su denuncia se afirmó que se habían vulnerado los derechos de los vocales al impedirse la aclaración que demandaron ante "las gravísimas denuncias vertidas sobre la gestión del presidente" y del resto de los miembros del comité ejecutivo, con lo que se indujo "a la duda pública de la honorabilidad, la credibilidad y la imagen de la corporación y del conjunto de sus integrantes".