El juez Elpidio José Silva ha defendido este martes haber encarcelado "de forma razonada" a Miguel Blesa en dos ocasiones y que cumplió con "todos los requisitos legales" para hacerlo ante el riesgo de que el exbanquero pudiera fugarse o destruir pruebas.

En la segunda sesión del juicio contra Silva por prevaricación, éste ha negado todas las acusaciones que le imputa la Fiscalía y ha justificado la instrucción que llevó a cabo por la concesión de un crédito de 26,6 millones al Grupo Marsans y, posteriormente, por la compra del City National Bank de Florida.

Silva, que no ha respondido a las preguntas de las acusaciones, ha manifestado que las medidas de prisión que dictó el 22 de mayo y el 5 de junio del pasado las acordó "razonadamente" y sin que se opusiera el fiscal ante una "gestión que sigue siendo muy inadecuada" y que pone los "vellos de punta".

"Nadie tiene una bola de cristal para saber si se van a destruir pruebas o no, pero concurrían indicios de pronóstico criminal", ha enfatizado el juez excedente, que ha insistido en que no tiene "ninguna animadversión" contra Blesa ni el resto de imputados y tampoco hacia la Fiscalía. Otro de los motivos que le llevaron a encarcelar al exbanquero, ha añadido, fue que los peritos habían denunciado "coacciones" y "amenazas" por parte de los consejeros Estanislao Rodríguez Ponga y José Antonio Moral Santín.

Su abogado, Gonzalo Boyé, le ha preguntado entonces por qué no se devolvió la fianza de 2,5 millones que le había impuesto la primera vez que ordenó su ingreso en prisión cuando volvió a encarcelarle nuevamente de forma incondicional. "La fianza está sometida a comisiones y la tramitación no corresponde al juzgador sino a la secretaria", ha precisado Silva, a lo que ha añadido que "estaba condicionada al hecho de que no se intentara manipular pruebas".

También ha dicho que no se quedó "de manera torticera" con la causa del CNB, que había desgajado de la del crédito y que fue por la que encarceló a Blesa. Ha alegado que ordenó incautar sus correos porque necesitaba saber "cuál era la guía de trabajo" de la entidad para determinar si los hechos podían ser delictivos y ha hecho hincapié en que Blesa debía saber que se trataba de una cuenta corporativa, por lo que si la usó "para hablar de temas privados, cede su intimidad".

Silva ordenó su incautación mediante una providencia en la que acordaba un abultado número de diligencias y que fue declarada nula por la Aduencia Provincial de Madrid junto con el resto de la causa por la que investigaba al expresidente de Caja Madrid. Lo hizo tan solo dos días después de haber interrogado a Blesa y Díaz Ferrán el 5 de diciembre de 2012 porque lo que le habían contado los imputados en los interrogatorios "no era creíble".

Por último, ha relatado que en un primer momento, en febrero de 2010, decidió archivar la causa porque la denuncia de Manos Limpias no aportaba nada "ningún indicio probatorio delictivo". Sin embargo, decidió reabrirla en junio de 2012 ante el "hundimiento de la tercera entidad financiera del país" que llevó a España "a la bancarrota", un hecho que obligaba a "reaperturar forzosamente, porque sí que había una conexión" entre "prestar el dinero de cualquier forma y que se hunda una entidad financiera".

El tribunal que juzga a Elpidio José Silva por la presunta prevaricación cometida en la instrucción del 'caso Blesa' ordenó proseguir el juicio contra él tras rechazar varios de los intentos del acusado de aplazar la vista para más adelante. El procesado aceptaba responder a su defensa al considerar "manifiestamente falsa" y sin fundamento la acusación de la Fiscalía.

El presidente del tribunal, el magistrado Arturo Beltrán, ha rechazado las cuestiones previas que fueron planteadas por las partes en la sesión de este lunes y ha explicado sucintamente al inicio de la segunda sesión los argumentos que le han llevado a tomar esta decisión.

En concreto, los magistrados se han opuesto a incorporar el libro de Elpidio Silva La Justicia Desahuciada porque una obra "de memorias y reflexiones no puede ser equiparable a una confesión" en la que se recogen móviles y otros elementos del posible delito. "El juicio se hubiera celebrado igual con libro o sin libro", ha remachado.

Los jueces también han mostrado su negativa a incorporar más correos del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa puesto que ya se han incluido aquellos que pueden afectar a la presente causa. Asimismo, han mostrado su disconformidad con que el exjefe de la patronal Gerardo Díaz Ferrán sea apartado de la vista y han acordado que el primer testigo en declarar sea el abogado de Blesa, Carlos Aguilar.

El juez Silva, en excedencia y ahora abogado en ejercicio, está acusado de presuntos delitos de prevaricación continuada, retraso en la Administración de Justicia y dos delitos contra la libertad individual de Blesa.

La Fiscalía pide 30 años de inhabilitación y la incapacidad para obtener durante el tiempo de condena cualquier empleo o cargo en el ámbito de la Administración de Justicia, en concreto, aquellos que conlleven el ejercicio de la función jurisdiccional.

El exbanquero pide 40 años de inhabilitación y el ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, reclama que sea inhabilitado durante 24 años para trabajar en la Administración de Justicia.

Blesa pedía inicialmente también tres años de inhabilitación por revelación de secretos, pero el instructor rechazó incluir este ilícito ya que Silva no había podido defenderse al no haberse formulado antes. En todo caso, Blesa se reserva la posibilidad de ejercer acciones civiles concluido el proceso penal.