La Audiencia de Málaga ha condenado a más de 178 años de prisión a 10 hombres acusados, la mayoría de ellos de cometer atracos, robos y asaltos en viviendas en la localidad malagueña de Mijas y en los alrededores, llegando en algunos casos a maniatar y retener a las víctimas con el fin de llevarse dinero y joyas. Asimismo, se absuelve a otros siete procesados en esta causa.

Así, a tres de los principales acusados se les impone una pena de 40 años y medio de cárcel y a un cuarto se le condena a 46 años y 11 meses, por delitos de detención ilegal en concurso con otro de robo con violencia e intimidación con la agravante de disfraz. El Tribunal precisa que en el caso de éstos el límite máximo de cumplimiento de las penas se fija en 18 años de prisión.

La Sala considera probado que uno de los principales procesados, junto con otros dos no identificados, llevaron a cabo un atraco en un establecimiento de comida rápida de Mijas, "amedrentando a los empleados y clientes que allí se encontraban" con armas de asalto, logrando llevarse los 2.270 euros de la recaudación. Éste y otro procesado participaron en el atraco a una mujer en una gasolinera.

Asimismo, otros dos acusados planearon el asalto a una vivienda en Mijas, del que se encargó, según la resolución a la que ha tenido acceso Europa Press, tres procesados que, llevando pasamontañas y guantes, y armados, se desplazaron a la zona, pero se equivocaron de objetivo y entraron en una finca vecina, donde se encontraron a los dueños, que fueron maniatados y amordazados durante horas.

Tras comprobar el error, tres de ellos fueron al objetivo real, donde maniataron al dueño y amenazaron a su mujer y a los niños para que no salieran de la habitación en la que estaban. Allí estuvieron también al menos dos horas, dice la sentencia. En los registros se encontraron hachís y armas, algunas tipo subfusil, que eran custodiadas por un acusado; mientras otro era el dueño.

A los cuatro principales acusados, además de las penas de cárcel, se les condena a indemnizar a los perjudicados de los robos por los efectos sustraídos y por las lesiones y secuelas padecidas. A los otros procesados se les imponen penas de prisión más leves por delitos de robos, tráfico de drogas o por el de tenencia ilícita de armas, según los casos.

La Sala concluye que las intervenciones telefónicas acordadas "son legítimas y pruebas válidamente obtenidas", rechazando las alegaciones de las defensas en ese sentido. Así, se indica que a los hechos probados se ha llegado a raíz de las declaraciones de los testigos y de las víctimas, sobre todo en los casos de los asalto a las viviendas; y también por dichas escuchas.