La diputada del PPdeG María Faraldo Botana presentará este jueves su dimisión en la Cámara autonómica después de que este miércoles el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) le hubiese abierto juicio oral por un delito de prevaricación y falsedad documental por una contratación en su etapa como alcaldesa de Betanzos (A Coruña).

Fuentes de la dirección del PP gallego han confirmado a Europa Press que Faraldo "ha puesto en conocimiento" del grupo su situación y que presentará este jueves su renuncia al acta en el Pazo do Hórreo, día en que también se reunirá con el portavoz parlamentario, Pedro Puy.

Los estatutos de los populares gallegos implican la transformación de expediente informativo a disciplinario una vez que se abre juicio oral, pero la resolución del mismo —y por lo tanto, la posible sanción con suspensión de militancia— no tiene por qué producirse hasta que haya fallo judicial.

Con todo, y al contrario en el caso de Santiago, el más reciente en una situación similar, Faraldo Botana no se sentará en el banquillo de los acusados ocupando un cargo público.

El caso más reciente es el ocurrido el 19 de mayo, cuando siete ediles de la capital gallega fueron a juicio por un supuesto delito prevaricación todavía como militantes y en posesión de su acta de concejales. En ese proceso fueron finalmente condenados a nueve años de inhabilitación especial para cargo público, tras lo que abandonaron el Consistorio.

JUICIO

El juicio que la llevará al banquillo tiene que ver con la contratación de un profesor para el Conservatorio Municipal de Música de la localidad para el curso 2009-2010, la cual habría tenido lugar pese a las advertencias en contra del secretario, el cual sostuvo que la avisó verbalmente.

Faraldo ha afirmado, en declaraciones a Europa Press, que no ha habido "informe" del secretario contrario a esta contratación y, de hecho, ha indicado que cuando existió, fue "mucho después" y con el profesor sin trabajar ocupar ese puesto.

La diputada popular ha indicado que mantiene su "inocencia" y ha incidido en que, a su juicio, el "procedimiento era legal". De hecho, ha argumentado que hubo "15 casos anteriores" y es una "fórmula reiterada en las legislaturas del PSOE". Precisamente, ha recordado que fueron los socialistas los que llevaron a finales del mandato, en 2011, una moción para llevar esta contratación a la Fiscalía.