El Ministerio de Justicia ha reconsiderado el supuesto de malformación del feto, que sí será motivo legal para interrumpir el embarazo en su anteproyecto de ley del aborto que pretende aprobar este verano, según citan fuentes jurídicas consultadas por el diario El País.

Las anomalías fetales graves, sean o no incompatibles con la vida, se tendrán en cuenta para permitir el aborto, eliminando el supuesto inicialmente propuesto por Gallardón, en el que dos médicos diferentes del centro donde se practicaría el aborto debían certificar que estas anomalías causarían a la madre daño psicológico, de proseguir con el embarazo. Si no se conseguía esta certificación no se permitiría abortar, aunque las anomalías sean incompatibles con la vida.

Con la rectificación, el daño psicológico de la madre se da por supuesto, al igual que el de la violación, y no tendrá que ser certificado.

No obstante, no se creará un supuesto específico de malformación fetal, como sí ocurre con el supuesto de violación y el de grave peligro para la vida de la embarazada. El Gobierno rechaza conceptualmente que las anomalías fetales sean, en sí mismas, un motivo de aborto, aún así se redactará la ley de modo que una mujer que quiera interrumpir su embarazo por malformación del feto pueda hacerlo sin tener que probar antes que eso le causa a ella un daño psicológico.

Aún queda por saber qué plazos se establecerán para esta situación, si se mantendrán las 22 semanas como plazo máximo que recoge el anteproyecto para alegar "grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada" o se ampliarán para incluir las malformaciones fetales que se detectan después de la semana 22.

Con esta nueva corrección, la nueva ley sigue siendo más restrictiva que la aprobada en 1985.

Se espera que el proyecto de ley se apruebe a principios de julio para que este sea tramitado en el Parlamento en otoño y pueda entrar en vigor a finales de año.

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha comentado en la cadena SER sobre esta rectificación que es "una modificación no sólo pequeña, sino prácticamente encubierta" porque "es una especie de supuesto encubierto" y no se sabe "de qué plazos hablan si de las 22 semanas o de más".

En todo caso, ha añadido, el Gobierno con esta ley lo que hace "es atentar gravemente contra la salud de las mujeres. No sólo ya contra la libertad, también contra la salud".